La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, delineó la hoja de ruta económica y social para el país, enfatizando una política de «responsabilidad fiscal» y anunciando medidas clave sobre la gestión de activos públicos y la movilización civil.
En un giro hacia la optimización del sector público, Rodríguez anunció la creación de una comisión integrada por el Gobierno, el sector privado y el «poder popular» para determinar la naturaleza estratégica de los activos del Estado. El objetivo es identificar aquellos bienes no estratégicos cuya transferencia a inversores privados pueda dinamizar la economía.
No obstante, la mandataria fue enfática al excluir al sector hidrocarburos de este proceso:
»Quienes aspiran a transferir este sector a poderes extranacionales, sencillamente están equivocados. Se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos», sentenció, aclarando que la industria petrolera se regirá estrictamente por su reciente reforma legal.
Rodríguez hizo un llamado a no «repetir errores del pasado», refiriéndose a aumentos salariales previos que, al carecer de fuentes de financiamiento sólidas, derivaron en inflación. Prometió una gestión prudente sin descuidar a los sectores vulnerables.
Con información de agencias
