Activistas de derechos humanos y familiares denunciaron este viernes la detención de al menos cinco ciudadanos durante la movilización ocurrida el pasado jueves en la capital venezolana. La protesta, que agrupó a cerca de dos mil personas, exigía mejoras salariales y fue dispersada por los cuerpos de seguridad mediante el uso de gases lacrimógenos.
La marcha, que tenía como objetivo llegar al Palacio de Miraflores, fue interrumpida por la policía venezolana. Según testimonios recabados, la actuación policial incluyó el uso de fuerza y tácticas de intimidación contra los manifestantes que reclamaban por las bajas remuneraciones en el país.
El activista de derechos humanos, Eduardo Torres, calificó las detenciones como «arbitrarias» en declaraciones a la agencia AFP, exigiendo la «libertad inmediata» de todos los ciudadanos bajo custodia.
Entre los detenidos se encuentra un joven de 20 años, identificado como Ort Betancourt. Su padre, de igual nombre, desmintió las versiones oficiales de violencia por parte de la sociedad civil:
»Estaban protestando libremente; el vandalismo estuvo del lado de los policías que lanzaron objetos contundentes contra la ciudadanía», afirmó Betancourt a las afueras de la sede policial. Sugirió, además, que la detención de su hijo busca «intimidar y acabar con la lucha».
Otro de los casos destacados es el de Adrián Balza, un comerciante que, según su esposa Génesis Torres, no participaba activamente en la marcha. Balza se dirigía al centro a comprar mercancía cuando comenzó a transmitir en vivo desde su celular.
Se alega que los funcionarios le ordenaron dejar de grabar antes de proceder al arresto. Corresponsales de la AFP constataron que, durante la jornada, los efectivos policiales amenazaron a diversos ciudadanos con el arresto o el decomiso de equipos móviles si continuaban documentando los sucesos.
El descontento social se agudizó tras el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien prometió un «incremento responsable» de los ingresos a partir del 1 de mayo, pero sin especificar montos ni detalles técnicos. Los manifestantes cuestionaron la falta de claridad en el anuncio ante la pérdida del poder adquisitivo.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre el estado procesal de los detenidos.
Con información de agencias
