La organización internacional de derechos humanos, Amnistía Internacional, ha emitido un enérgico pronunciamiento condenando la actuación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante la jornada de protesta protagonizada este sábado por trabajadores, jubilados y pensionados en la capital venezolana.
La ONG calificó como “indignantes” las imágenes registradas durante la movilización y subrayó que el ejercicio de la manifestación pacífica constituye un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, no restringido.
Según el informe preliminar, la movilización que contó con el respaldo de sectores estudiantiles fue interceptada por múltiples cordones de seguridad. La organización enfatizó que la represión bajo ninguna circunstancia puede justificarse como una medida legítima para el mantenimiento del orden público, señalando que este tipo de acciones contravienen directamente las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Durante la jornada se documentaron las siguientes irregularidades:
Detenciones arbitrarias: Al menos cinco personas fueron privadas de libertad en el contexto de la protesta.
Agresiones: Se registraron denuncias de violencia física contra los manifestantes.
Ataque a la prensa: Trabajadores de los medios de comunicación, quienes se encontraban cubriendo el evento, fueron objeto de agresiones, limitando la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Ante este escenario, diversos gremios, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han reiterado su exigencia al Estado venezolano para que cese el uso desproporcionado de la fuerza. La comunidad internacional y los defensores locales insisten en que las autoridades tienen la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos y salvaguardar su derecho a la libre expresión y protesta pacífica, en lugar de recurrir a la disuasión violenta.
Amnistía Internacional reitera su compromiso con la vigilancia de la situación en el país y hace un llamado a las autoridades a respetar los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando la seguridad de quienes ejercen su derecho a alzar la voz por sus reivindicaciones laborales y sociales.
Con información de agencias
