Cumpliendo con uno de los pilares fundamentales de su plataforma electoral, la administración del presidente José Antonio Kast ejecutó esta mañana el primer vuelo masivo de deportación de migrantes en situación irregular. La medida marca el inicio de una política de ordenamiento migratorio que busca abordar el alto volumen de órdenes de expulsión pendientes en el país.
El operativo, realizado en un avión de las fuerzas militares, trasladó a un total de 40 personas. El grupo estuvo compuesto por 17 ciudadanos bolivianos, 4 ecuatorianos y 19 colombianos. La aeronave partió desde Santiago hacia Iquique para una escala técnica, para posteriormente dirigirse a sus destinos finales en Santa Cruz de la Sierra, Quito y Bogotá.
Según informes oficiales, las causas que motivaron este proceso se dividen en dos categorías principales:
Medidas administrativas: 25 personas.
Orden judicial: 15 personas, involucradas en delitos que incluyen robo con violencia, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y receptación de vehículos.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reafirmó la postura del Ejecutivo ante este despliegue: «Vamos a intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan de ordenamiento migratorio». Asimismo, el funcionario adelantó que la estrategia no se limitará a la vía aérea, sino que también se implementarán traslados terrestres mediante buses.
Aunque el Gobierno no ha detallado la frecuencia exacta de estos operativos, las cifras oficiales indican que, desde el inicio del mandato de Kast el pasado 11 de marzo, ya se ha gestionado la expulsión de 196 personas en situación irregular.
La promesa de campaña del mandatario contempla la deportación de aproximadamente 330 mil migrantes irregulares, una cifra que, según datos del Ministerio del Interior, se enfrenta al desafío de más de 75 mil órdenes de expulsión actualmente pendientes, de las cuales cerca del 50% corresponden a ciudadanos venezolanos.
Analistas y medios internacionales coinciden en que esta acción representa un golpe de efecto en la política migratoria del Ejecutivo. Si bien el Gobierno sostiene su compromiso con la celeridad del proceso, diversos expertos han señalado la complejidad logística y los desafíos que implica alcanzar las metas planteadas en el corto y mediano plazo.
Con información de agencias
