El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) presentó su informe técnico correspondiente al mes de marzo, revelando que el costo de la canasta básica se ubicó en 692,32 dólares.
Esta cifra subraya un desafío crítico para la economía doméstica, evidenciando la persistencia de una inflación que golpea directamente los rubros esenciales de consumo.
El informe detalla que el incremento de los precios en moneda local obliga a una familia promedio de cinco integrantes a gestionar ingresos significativamente superiores al salario mínimo legal para poder cubrir sus necesidades nutricionales básicas.
La brecha salarial y su impacto social
El Cendas-FVM advierte que la distancia entre el salario mínimo actual y el costo real de los alimentos se ha profundizado alarmantemente. Según los cálculos de la organización, se requieren decenas de salarios mínimos mensuales para adquirir los 60 productos que conforman la cesta básica.
Esta disparidad coloca a gran parte de la población en una situación de alta vulnerabilidad alimentaria, forzando a los ciudadanos a priorizar gastos y, en consecuencia, a reducir drásticamente el consumo de nutrientes esenciales, particularmente proteínas y productos lácteos.
Rubros con mayores incrementos
El análisis técnico destacó que, durante el mes de marzo, los sectores que registraron las mayores alzas en sus precios fueron:
Carnes y sus preparados: Impactando directamente en la ingesta de proteínas de las familias.
Raíces, tubérculos y otros: Afectando rubros de alto consumo diario.
Frutas y hortalizas: Elevando aún más el costo de la dieta básica.
Ante este panorama, tanto representantes del sector docente como diversos analistas económicos han reiterado la necesidad urgente de implementar políticas orientadas a estabilizar el tipo de cambio y frenar la escalación de precios.
El informe concluye con una advertencia contundente: «El costo de la vida sigue superando con creces la capacidad de respuesta del trabajador venezolano», instando a las autoridades competentes a realizar una revisión profunda y efectiva de los esquemas de compensación salarial para mitigar el deterioro del poder adquisitivo.
Con información de agencias
