Ante el reciente anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre un “aumento de salario responsable”, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Hernández, expresó su respaldo a la búsqueda de fórmulas que permitan fortalecer la capacidad de compra del trabajador sin comprometer la sostenibilidad de las empresas ni las finanzas del Estado.
En declaraciones ofrecidas al medio 2001, Hernández subrayó que el concepto de “incremento responsable” debe traducirse en alternativas estratégicas que eviten dañar el patrimonio del sector público y privado. Según el dirigente gremial, el objetivo fundamental es mejorar la capacidad inmediata de consumo del ciudadano, mientras se trabaja en la recuperación económica del país.
Prioridad: Sostenibilidad y empleo
El presidente de Consecomercio hizo especial énfasis en la realidad que enfrenta el sector privado ante la posibilidad de un ajuste salarial directo. Hernández advirtió que, bajo las condiciones actuales, un aumento de sueldo generaría un “impacto descomunal” sobre las prestaciones sociales, lo cual resultaría inasumible para muchas empresas.
“Si vamos a un ajuste de salario, el impacto es descomunal sobre las prestaciones sociales y no habría capacidad para pagar esos pasivos laborales. Estaríamos creando una falsa ilusión a la masa trabajadora”, explicó.
Ante este panorama, Hernández abogó por la implementación de bonificaciones como medida transitoria. Argumentó que estos incentivos no solo deben enfocarse en la remuneración directa, sino también en mejorar el entorno del trabajador, abarcando áreas clave como la educación y la recreación. No obstante, aclaró que “los bonos no deberían venir para quedarse toda la vida”, señalando la urgencia de realizar reformas estructurales en la Ley del Trabajo y el sistema de seguridad social.
Realidad fiscal y reformas necesarias
Para ilustrar la complejidad del escenario financiero, el representante empresarial señaló que un ajuste de 100 dólares adicionales para la administración pública requeriría un desembolso aproximado de 8.900 millones de dólares, un recurso que actualmente no está disponible. Por ello, insistió en que cualquier incremento debe hacerse de manera planificada para no trasladar la carga al consumidor final ni generar presiones inflacionarias.
Asimismo, Hernández destacó tres ejes fundamentales para lograr un equilibrio sostenible:
Control de la inflación: Mitigar el impacto del diferencial cambiario.
Reformas estructurales: Crear un entorno que beneficie al trabajador en el presente y fomente la generación de empleo multifactorial a futuro.
Recuperación progresiva: Avanzar en las medidas en la medida que ingresen los recursos necesarios al país.
El presidente de Consecomercio concluyó reiterando que, si bien el objetivo ideal es que los ingresos del trabajador sean superiores o equivalentes al costo de la cesta básica, este camino debe ser trazado con responsabilidad para evitar que el ajuste derive en un ciclo de incrementos de precios que afecte, en última instancia, al propio consumidor.
Con información de agencias
