El Comando Sur de Estados Unidos ha confirmado una nueva incursión militar en aguas internacionales del Pacífico este viernes, resultando en la destrucción de una embarcación vinculada al tráfico de drogas y dejando un saldo de dos individuos fallecidos. Este incidente representa el cuarto ataque de este tipo registrado en las últimas dos semanas.
Desde el inicio de la campaña «Lanza del Sur» en agosto de 2025, el despliegue militar estadounidense ha resultado en la destrucción de al menos 55 embarcaciones. Según cifras oficiales y reportes de seguimiento, el número acumulado de personas que han perdido la vida durante estas operaciones en el Caribe y el Pacífico supera ya las 182 víctimas.
Contexto del operativo y tensión regional
El ataque más reciente ocurrió en aguas internacionales próximas a Colombia, coincidiendo con un momento de alta relevancia política en la región: el encuentro sostenido en el Palacio de Miraflores (Caracas) entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Esta intensificación de la presencia militar estadounidense en la zona sigue a una serie de despliegues de buques y aeronaves de combate que marcaron el inicio del año 2026. Cabe recordar que el pasado 3 de enero, en un operativo precedido por movimientos navales similares, las autoridades estadounidenses concretaron la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, quien fue trasladado posteriormente a una prisión federal en Nueva York.
El Comando Sur de Estados Unidos, que coordina estas misiones, hizo públicos los resultados de la intervención del viernes a través de su cuenta oficial en la red social X, acompañando el reporte con material audiovisual.
Respecto a las víctimas, se tiene registro de al menos 15 sobrevivientes a los distintos ataques, de los cuales dos fueron detenidos brevemente por la Marina estadounidense antes de ser repatriados. Asimismo, se estima que al menos 11 personas se encuentran desaparecidas en el mar, presumiéndose su fallecimiento.
Ante las críticas internacionales y la escalada de la violencia en estos operativos, el Gobierno de Trump ha catalogado a las personas fallecidas como «combatientes ilegales». Basándose en una resolución clasificada del Departamento de Justicia, la administración estadounidense ha reclamado la autoridad para ejecutar ataques letales en el marco de esta campaña contra el tráfico de drogas sin necesidad de revisión judicial previa.
Con información de agencias
