En una jornada marcada por la polarización política, el Congreso de Brasil aprobó este jueves el proyecto de ley que reduce las penas por golpismo, anulando formalmente el veto que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, había impuesto a la medida.
La decisión representa un giro significativo en el estatus legal del expresidente Jair Bolsonaro y del resto de los sentenciados por los sucesos del 8 de enero de 2023.
El Legislativo brasileño logró una mayoría contundente para revertir la postura de la Presidencia:
Cámara de Diputados: 318 votos a favor de anular el veto y 144 en contra.
Senado: 49 votos a favor y 24 en contra.
Con este resultado, el texto legislativo queda ratificado y será enviado a la Presidencia para su promulgación. En caso de que el presidente Lula no firme el decreto en un plazo de 48 horas, la tarea recaerá sobre el Congreso para garantizar su entrada en vigor.
El núcleo del texto aprobado prohíbe la combinación de delitos, lo que obliga a que los sentenciados cumplan únicamente la pena correspondiente al delito más grave cometido.
Para el expresidente Jair Bolsonaro, de 71 años, esto supone un alivio sustancial. Condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y tres meses de cárcel, las proyecciones legales sugieren que su estatus jurídico podría cambiar en un plazo de dos a cuatro años gracias a esta nueva normativa.
El proyecto de ley fue impulsado originalmente por la oposición y completado por el Senado en diciembre de 2025. Sin embargo, el presidente Lula lo vetó en su totalidad a principios de este año, argumentando que los juicios se realizaron con «transparencia e imparcialidad» y bajo «pruebas robustas».
Bolsonaro, quien comenzó a cumplir su condena el pasado noviembre, se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria por un periodo de 90 días, debido a una bronconeumonía de la cual se está recuperando tras una disposición del STF.
Con información de agencias
