Más de un millar de trabajadores, sindicalistas y pensionistas se movilizaron este viernes 1º de mayo en el centro de Caracas para expresar su rechazo al reciente ajuste económico anunciado por el Ejecutivo. Bajo la consigna «bono no es salario», los manifestantes denunciaron que el incremento del «ingreso mínimo integral» no resuelve la precariedad laboral ni protege las prestaciones sociales de la clase obrera.
La jornada de protesta surge como respuesta directa al anuncio realizado el jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien informó un alza del 26% en el ingreso mínimo integral, situándolo en 240 dólares mensuales.
A pesar de que el Gobierno calificó el ajuste como el «más importante en los últimos años», la medida ha generado indignación por su estructura:
Sin impacto en beneficios: El ingreso consiste en un esquema de bonos que no computa para el cálculo de vacaciones, prestaciones, aguinaldos ni pensiones por jubilación.
Salario base congelado: El salario mínimo legal permanece estancado desde 2022 en una cifra que no alcanza los 30 centavos de dólar, la más baja de la región.
Pensiones insuficientes: Aunque se anunció un aumento de las pensiones a 70 dólares, la cifra sigue siendo marginal frente al costo de la vida.
«Es una burla, es un engaño. Hoy los trabajadores de Venezuela no sabemos cuál es el salario mínimo», declaró Franklin Velásquez, líder sindical de 61 años, durante la marcha de cuatro kilómetros por el centro capitalino, la cual fue custodiada por agentes policiales antimotín sin que se registraran incidentes violentos.
Por su parte, la docente Juraina Palacios (55 años) lamentó la falta de sensibilidad oficial: «Creía que iba a existir la humanidad, pero lo que se hizo ayer fue un atropello».
Contexto de crisis y brecha económica
La protesta pone de relieve la enorme brecha entre los ingresos y el costo real de la vida. Según indicadores actuales, la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas ronda los 700 dólares, dejando el nuevo ingreso de 240 dólares muy por debajo del umbral de seguridad alimentaria.
Este descontento se agrava en un contexto económico asfixiante. En 2025, Venezuela registró una inflación del 475%, la cifra más alta a nivel global, lo que pulveriza cualquier ajuste que no esté anclado a una estructura salarial sólida.
Las movilizaciones no se limitaron a la capital. Ciudades como San Cristóbal y Barinas reportaron concentraciones similares. «El trabajador no puede seguir llevando sobre su espalda una crisis que no causó», sentenció el sindicalista José Patines desde el estado Barinas.
Mientras el Gobierno intenta atraer inversión extranjera mediante reformas a las leyes petroleras y mineras, la fuerza laboral venezolana exige que la recuperación económica no se construya sobre la base de la bonificación del trabajo y la eliminación de los derechos sociales.
Con información de agencias
