Durante la presentación del balance de los primeros 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado una serie de medidas de calado estructural para el sistema judicial venezolano. La mandataria informó haber solicitado formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un «reformateo» de la organización judicial y convocó a una gran consulta nacional para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal.
Rodríguez destacó el impacto positivo de la Ley de Amnistía, instrumento que hasta la fecha ha beneficiado a más de 9.000 personas. Según la mandataria en funciones, esta ley ha sido la herramienta adecuada para fomentar el «reencuentro y la tolerancia» en el país, permitiendo avanzar en la superación de conflictos internos.
A pesar de los avances, la presidenta encargada fue enfática al denunciar irregularidades en la ejecución de este beneficio legal. Rodríguez señaló tener información confirmada sobre funcionarios judiciales que han incurrido en actos de corrupción.
»Tengo información y he pedido actuación contra aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía. Por eso, he solicitado al TSJ un reformateo de la justicia y llamo a una consulta nacional para un nuevo sistema de justicia penal», sentenció la presidenta encargada.
La mandataria recordó que la Ley de Amnistía es clara en sus limitaciones, excluyendo ciertos delitos que, por su naturaleza, deben ser abordados bajo el marco del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz.
Con este anuncio, el Ejecutivo busca garantizar que el proceso de pacificación nacional no se vea empañado por vicios procesales, asegurando que la justicia sea un pilar sólido para la convivencia democrática.
Con información de agencias
