La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este sábado que el patrón sistemático de represión en Venezuela ha convertido los centros de reclusión no solo en espacios de aislamiento, sino en mecanismos de “aniquilación”. El pronunciamiento surge tras confirmarse el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte eleva a 27 el número de presos políticos que han perdido la vida bajo la custodia de organismos estatales desde el año 2014.
El caso de Quero ha generado una profunda conmoción nacional e internacional debido a las graves irregularidades y el hermetismo institucional que rodearon su deceso. Según informó JEP, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó recientemente que el detenido falleció en julio de 2025.
Sin embargo, esta revelación contradice directamente la información que las autoridades suministraron a sus familiares durante meses:
Búsqueda desesperada: Durante gran parte de 2025, la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, junto a organizaciones de derechos humanos, denunciaron su desaparición y exigieron fe de vida.
Información contradictoria: El 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo notificó oficialmente a la familia que el detenido seguía recluido en el centro penitenciario Rodeo I.
La versión oficial actual: El Ministerio para el Servicio Penitenciario sostiene ahora que Quero murió el 24 de julio de 2025, tres meses antes de que la Defensoría asegurara que aún estaba bajo su custodia.
Para Justicia, Encuentro y Perdón, estas inconsistencias no son errores administrativos aislados, sino que “cuestionan la integridad de los registros estatales” y constituyen una prueba fehaciente de la opacidad del sistema.
“El ocultamiento de información y las versiones contradictorias entre instituciones públicas hacen que este caso presente características compatibles con la desaparición forzada”, señaló la organización en su comunicado.
JEP subraya que el Estado es el garante de la vida y la integridad física de toda persona privada de libertad. En este sentido, la ONG exige:
Una explicación oficial, coherente y verificable sobre las causas del fallecimiento y la discrepancia en las fechas.
Una investigación independiente que determine las responsabilidades de los funcionarios implicados en el ocultamiento de información.
El cese de la persecución y el respeto a los estándares internacionales de tratamiento a los detenidos.
La organización reitera su compromiso con las víctimas y asegura que continuará documentando estos casos ante instancias internacionales para evitar que la impunidad se perpetúe en el país.
Con información de agencias
