En un paso significativo hacia la evolución del marco legal venezolano, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la elaboración de una doctrina jurídica integral que reconozca la sexodiversidad y la diversidad política como derechos humanos fundamentales.
La petición fue realizada durante el balance de los primeros 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, donde la mandataria en funciones subrayó la necesidad de que el Poder Judicial genere un soporte conceptual que brinde amparo legal a estas realidades sociales.
»Quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una Doctrina sobre la Diversidad (…) Queremos ese aporte al país, a nuestro país», manifestó Rodríguez.
La propuesta surge tras un proceso de reflexión derivado de las mesas de diálogo instaladas recientemente. Según explicó la presidenta encargada, el contacto directo con diversos sectores de la sociedad ha permitido profundizar la visión sobre el reconocimiento de la otredad.
Para el Ejecutivo, el concepto de diversidad no debe limitarse únicamente a la identidad de género u orientación sexual, sino que debe extenderse al pensamiento ideológico:
Sexodiversidad: Protección y reconocimiento pleno de las identidades diversas.
Diversidad Política: Garantía del ejercicio democrático y el respeto a la pluralidad de ideas.
Marco Legal: Creación de jurisprudencia que sirva de base para futuras leyes y políticas públicas.
»Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, que es el derecho de ser diverso», puntualizó la mandataria.
Esta iniciativa se presenta como una contribución esencial para la estabilidad del país, buscando fortalecer el tejido social a través de la convivencia. Al elevar estas diversidades a rango de derechos fundamentales amparados por una doctrina del TSJ, el Estado busca blindar el respeto mutuo frente a cualquier forma de discriminación.
Con este requerimiento, el Programa por la Convivencia Democrática y la Paz cierra su primer balance trimestral proyectando una agenda de transformaciones estructurales en el sistema de justicia venezolano.
Con información de agencias
