Un juzgado en la localidad de Tarija dictó una orden de detención y arraigo contra el expresidente Evo Morales, luego de que el exmandatario no asistiera a la audiencia de juicio oral programada en su contra.
El Ministerio Público tomó la determinación de declararlo en rebeldía ante su ausencia en el proceso legal donde se le investiga por el presunto delito de trata de personas. La medida instruye a la Policía Nacional ejecutar la captura de forma inmediata para garantizar su comparecencia ante los tribunales.
El equipo de defensa de Morales argumentó previamente que el dirigente no se presentaría a la cita judicial debido a fallas en el debido proceso. Según los abogados, el expresidente no recibió la notificación oficial siguiendo los protocolos legales correspondientes, lo que invalidaría la obligatoriedad de su asistencia.
Pese a estos alegatos, el tribunal mantuvo la decisión y activó el arraigo preventivo, una medida que prohíbe formalmente su salida del territorio boliviano mientras la causa continúe abierta.
La investigación judicial retoma un caso de 2019 relacionado con una presunta relación del exmandatario con una menor de edad durante su periodo presidencial. Las autoridades indagan la supuesta paternidad de una hija producto de dicho vínculo, hecho que ha reactivado el debate jurídico y político en el país. Este movimiento del sistema judicial ocurre en un contexto de alta sensibilidad, marcando un nuevo capítulo en la confrontación legal que enfrenta el líder indígena.
La orden de aprehensión coincide con un clima de fuerte agitación social en Bolivia, donde diversas organizaciones sindicales y movimientos populares mantienen jornadas de protesta. Los sectores sociales manifiestan su rechazo a las políticas económicas y administrativas impulsadas por el gobierno de Rodrigo Paz.
La medida judicial contra Morales añade un elemento de fricción a las movilizaciones que ya exigen cambios estructurales en la conducción del Estado.
Con información Agencias.-
