La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la que se incrementa de 20 a 32 el número de magistrados que integrarán el máximo tribunal del país. La decisión fue adoptada en sesión ordinaria con respaldo de la mayoría oficialista, en medio de cuestionamientos de organizaciones civiles sobre la independencia del Poder Judicial.
La modificación restablece una estructura similar a la de etapas previas del TSJ. Con el cambio aprobado, cada una de las cinco salas principales —Político Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral— contará con cinco magistrados, mientras que la Sala Constitucional quedará integrada por siete.
Durante el debate, los diputados oficialistas defendieron la reforma como un mecanismo para redistribuir la carga de trabajo y agilizar la resolución de causas, en un sistema marcado por retrasos acumulados y un alto volumen de expedientes. La medida forma parte de un conjunto de ajustes institucionales impulsados por el Parlamento en los últimos meses.
Observaciones sobre transparencia e independencia
Organizaciones civiles y sectores opositores advirtieron que cambios de esta magnitud requieren procesos de designación transparentes y garantías que fortalezcan la independencia judicial. Aunque la reforma fue aprobada sin votos en contra, las observaciones externas se centraron en la necesidad de asegurar controles y mecanismos de evaluación en la selección de los nuevos magistrados.
La ampliación del TSJ se suma a decisiones recientes vinculadas a la renovación de autoridades, jubilaciones de magistrados y reordenamiento de salas, en un momento en el que la Asamblea Nacional discute ajustes más amplios en el funcionamiento del sistema judicial. Hasta ahora, el Parlamento no ha detallado el cronograma de implementación ni el procedimiento para incorporar a los magistrados adicionales.
Los diputados aprobaron también la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica del TSJ. Con este cambio, la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasarán a depender de la Sala Plena del TSJ. En caso de falta absoluta en la dirección de estos órganos, la Asamblea Nacional designará nuevas autoridades para un período completo.
Con información Medios Nacionales
