Tras haber sido detenido arbitrariamente en febrero de 2025, el periodista digital Rory Branker rompió el silencio para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y los actos de tortura a los que fue sometido durante su reclusión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Branker, quien recuperó su libertad bajo medidas cautelares el pasado 4 de febrero, ofreció un crudo testimonio al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), donde detalló los métodos de coacción utilizados para intentar incriminar a sus colegas.
“Al principio, me metieron en celdas de aislamiento y me torturaron. Los guardias me pusieron una capucha para asfixiarme e intentar obtener información sobre mis colegas. Pero no les dije nada y no tenían pruebas”, relató el comunicador.
Durante su cautiverio, Branker fue trasladado por cinco centros de reclusión distintos. El periodista vincula su excarcelación con el cambio en el panorama político tras los eventos del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro. No obstante, advierte que la libertad en el país sigue siendo parcial:
Cifra de detenidos: Branker señala que aún existen más de 500 personas detenidas por motivos políticos.
Acoso judicial: A pesar de estar fuera de la celda, el sistema judicial rechazó su solicitud de amnistía.
Cargos vigentes: Se mantienen las acusaciones por terrorismo, traición a la patria, conspiración e incitación al odio.
Actualmente, el periodista enfrenta un régimen de presentación semanal ante los tribunales y mantiene una prohibición de salida del país. Branker atribuye la persistencia de este acoso a una represalia directa contra él y el medio La Patilla.
“Creo que el gobierno está tratando de castigarme a mí, a Alberto Ravell y a La Patilla. Puede que sea el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien demandó a La Patilla por difamación. Todavía no están satisfechos con todo lo que me han hecho”, afirmó.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha manifestado su preocupación ante este escenario. Según datos de la organización, al menos seis periodistas continúan sometidos a procesos judiciales activos y medidas cautelares que restringen su libertad. El sindicato denuncia que estas acciones mantienen bajo amenaza constante el ejercicio del periodismo libre en Venezuela.
Con información de agencias
