En el marco de los actos conmemorativos por los 60 años de la independencia de Guyana, el presidente Irfaan Ali hizo un llamado urgente este fin de semana a consolidar el respaldo ciudadano hacia las Fuerzas Armadas del país. La solicitud ocurre en medio de un renovado cruce diplomático con Venezuela por la controversia territorial de la Guayana Esequiba.
Durante su discurso oficial, el mandatario guyanés enfatizó la necesidad de preservar la cohesión interna frente a las crecientes tensiones regionales. Ali solicitó el apoyo de la población para las labores militares enfocadas en la seguridad nacional, el combate al narcotráfico y el mantenimiento del orden público, asegurando que la independencia de la nación debe traducirse en estabilidad y defensa permanente de su integridad territorial.
»La unidad del país es clave para evitar vulnerabilidades frente a amenazas externas. Guyana no permitirá nuevas presiones sobre su soberanía territorial», afirmó categóricamente el presidente Ali, insistiendo en que su gobierno continuará defendiendo sus fronteras actuales ante cualquier intento de presión externa.
Las declaraciones del mandatario guyanés se produjeron poco después de la comparecencia de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Durante su intervención, Rodríguez reiteró que Caracas no reconocerá una eventual sentencia del tribunal sobre el diferendo, sosteniendo que la controversia debe resolverse mediante negociaciones directas entre ambos países, y calificó el proceso judicial como contrario al marco acordado históricamente entre las partes.
La disputa gira en torno a un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos minerales, forestales y energéticos. Aunque actualmente está bajo la administración de Georgetown, Venezuela sostiene que la región le pertenece históricamente desde la época colonial.
El caso llegó formalmente a la CIJ en 2018, año en que Guyana solicitó validar el Laudo Arbitral de 1899, el cual fijó la frontera con la entonces Guayana Británica. Por su parte, Caracas considera que dicho fallo fue producto de irregularidades y defiende el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único mecanismo legítimo para resolver el conflicto.
A pesar del rechazo de Venezuela a la jurisdicción de la Corte, el tribunal internacional determinó en 2020 que sí tiene competencia para estudiar el caso, ratificando dicha postura en 2023. Se espera que el fallo definitivo sobre la validez del laudo y la frontera territorial sea emitido por los magistrados en los próximos meses.
Con información de agencias
