Durante una entrevista concedida al programa Primera Página, transmitido por Globovisión, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Hernández, informó que el parlamento trabaja actualmente en la elaboración de la Ley Orgánica para el Servicio Eléctrico. Este proyecto de legislación contempla propuestas clave para la implementación de energías alternativas a los combustibles fósiles.
El parlamentario detalló que el estamento legal atiende a sugerencias presentadas por el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, las cuales están orientadas a diversificar las fuentes de generación en el territorio nacional para contrarrestar la crisis energética.
Hernández, fue enfático al señalar la severa falta de presupuesto que padece el Estado para mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica actual.
»La cantidad de dinero que se requiere para brindar un servicio óptimo al país no la tenemos», afirmó el legislador.
Asimismo, explicó la relación directa y crítica que existe entre el déficit energético y la industria de los hidrocarburos. Según el diputado, los planes para expandir la producción de crudo se encuentran completamente frenados por la falta de potencia eléctrica.
»Aumentar la producción de petróleo significa utilizar electricidad que no se tiene. Aumentar 200.000 barriles más… no se tiene la energía eléctrica para producir en esos campos petroleros», aseveró Hernández, tras precisar que la producción nacional actual se ubica en alrededor de 1.200.000 barriles diarios.
Con respecto al manejo de los recursos financieros y la percepción ciudadana, el diputado refirió que, a pesar de los ingresos estimados en unos 36.000 millones de dólares y los discursos de distintas administraciones sobre la disponibilidad de fondos, estos no se reflejan en la cotidianidad de la población. «Uno no lo siente ni en el bolsillo ni lo siente en los servicios públicos», manifestó.
Ante este panorama y como alternativa viable para mitigar la situación a corto y mediano plazo, Hernández propuso abrir las puertas al sector productivo no estatal como una vía indispensable para mejorar el suministro y la atención a los usuarios.
»Creemos entonces que es necesaria la participación de la empresa privada, por lo menos en la distribución, en el servicio», concluyó el parlamentario.
Con información de agencias
