El diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, aclaró de forma categórica que la Ley de Amnistía sigue teniendo plena validez jurídica en Venezuela. Durante una entrevista exclusiva en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, el parlamentario instó a todas aquellas personas que tengan acusaciones contempladas en las disposiciones de este marco legal a acudir formalmente para solicitar el beneficio correspondiente.
»La Ley de Amnistía es una ley que está vigente en Venezuela. La única manera de derogar esa ley es construyendo otra y eso no ha ocurrido (…). Cualquier persona que sienta que tiene una acusación y que está dentro de los hechos de la ley, puede acudir a ser beneficiado de ella», destacó González.
El dirigente explicó que el marco legal contempla el nombramiento de una instancia específica encargada de velar por su estricto cumplimiento. Detalló que, para atender las distintas realidades de los afectados, la comisión se estructuró internamente en tres subcomisiones de trabajo:
Subcomisión 1: Seguimiento general de la ley.
Subcomisión 2: Casos laborales (donde se evalúan situaciones como la de los trabajadores de PDVSA obrero).
Subcomisión 3: Casos especiales (procesos con origen político que no entran estrictamente en la definición de los hechos).
A pesar de esta organización, González denunció la falta de actividad institucional dentro del Parlamento y exigió la reactivación inmediata de los debates. «No se reúnen. Las subcomisiones no se reúnen y la comisión especial tampoco ha sido convocada. Nuestra exigencia es que esa comisión tiene que reunirse y empezar a hacer, de verdad, seguimiento y discusión sobre lo que está sobre la mesa», enfatizó.
El diputado reconoció que, si bien la comisión formal se encuentra paralizada, se han logrado avances puntuales en el sistema judicial gracias a la presión y los mecanismos legales vigentes.
»Eso no quiere decir que no se hayan resuelto algunos casos, porque creo que también hay que reconocer que se han resuelto algunos casos que tenían retardo procesal, pero la ley manda», concluyó, reiterando la necesidad de que se institucionalice el proceso para garantizar los derechos de todos los ciudadanos amparados por la ley.
Con información de agencias
