Este lunes arranca de manera formal la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un proceso de debate público convocado por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, con el objetivo de transformar estructuralmente el sistema judicial del país y dar una respuesta oportuna a flagelos históricos como el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza.
Para garantizar la eficiencia y el alcance de esta iniciativa, se ha diseñado un despliegue nacional estructurado por circuitos territoriales, lo que permitirá coordinar asambleas y actividades de forma simultánea. En cada estado del país se habilitarán espacios específicos dedicados al debate y a la evaluación diagnóstica de las problemáticas locales que afectan el correcto funcionamiento del sistema penal.
El proceso contará con una mesa de trabajo multidisciplinaria donde participarán activamente los miembros del Sistema de Justicia Nacional, incluyendo a:
Jueces y juezas de la República.
Fiscales del Ministerio Público.
Defensores públicos.
Jueces de paz.
Este bloque institucional trabajará articuladamente en el territorio junto a las comunidades organizadas, movimientos sociales y la sociedad civil, quienes tendrán voz protagónica en la elaboración de las propuestas de reforma.
Al respecto, la mandataria (E) Delcy Rodríguez enfatizó la importancia de involucrar a todos los actores del Estado, haciendo especial hincapié en la integración de los órganos de seguridad ciudadana, con el fin de escuchar y atender de primera mano las quejas, denuncias y aspiraciones de la ciudadanía en materia de seguridad y derechos humanos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció que el parlamento venezolano se sumará de manera activa a este despliegue. El Poder Legislativo tendrá la tarea fundamental de sistematizar las propuestas que surjan de los debates populares e institucionales, sirviendo como base para avanzar con celeridad en la redacción y aprobación de los nuevos instrumentos legales que regirán la justicia penal en el país.
Con este esfuerzo conjunto, el Estado venezolano busca avanzar hacia un sistema de justicia más accesible, transparente, expedito y equitativo para todos los ciudadanos.
Con información de agencias
