El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas (CIM), Fernando Di Gerónimo, señaló que para reactivar y dinamizar el sector inmobiliario en el país no es imperativo derogar las leyes vigentes, sino modificar urgentemente sus reglamentos para ofrecer verdadera seguridad jurídica tanto a inversores como a propietarios.
»No puede ser que un propietario tenga miedo al alquilar su inmueble. La ley está bien, lo que hay que cambiar es el reglamento de ley. La gente mantiene sus inmuebles cerrados por temor; ábranlos con una normativa que proteja a la persona que está dando esa propiedad en alquiler», aseveró Di Gerónimo.
El vocero gremial explicó que el estudio del mercado inmobiliario actual no puede limitarse exclusivamente a la fluctuación de los precios. Para entender la realidad del sector, es fundamental analizar tres estructuras clave:
La base económica: Marcada por la falta de financiamiento y un incremento acelerado en los costos de los inmuebles.
La base social: El limitado poder adquisitivo de las familias venezolanas.
La base legal: El estamento jurídico actual que frena la intención de compra y alquiler.
Al respecto, Di Gerónimo ilustró la brecha económica que viven los ciudadanos: «Una familia que en diciembre de 2025 no tenía 40.000 dólares para comprar un apartamento, tampoco tiene ahora 120.000 dólares. Además, no cuenta con opciones de financiamiento ni con la posibilidad de remodelar el inmueble si lo adquiere».
El presidente de la CIM advirtió que la falta de un marco legal robusto que garantice el retorno de la inversión a largo plazo está desviando el capital hacia otras alternativas. «Cuando un inversor no cuenta con protección jurídica para colocar su dinero con sanidad, seguridad y retorno, prefiere migrar a otros mercados como la bolsa de valores o la compra de Bitcoin», apuntó.
Finalmente, aclaró que los instrumentos jurídicos existentes (que datan de 2012 y 2018, además de la Ley de Arrendamiento comercial) no necesitan ser sustituidos por completo, sino adaptados mediante reformas reglamentarias que eliminen la desprotección y fomenten un ecosistema de confianza para dinamizar el sector.
Con información de agencias
