El presidente de la Confederación Conindustria, Tito López, afirmó que el levantamiento de las sanciones internacionales contra Venezuela es fundamental para garantizar el desarrollo económico del país, una necesidad que se ha vuelto aún más urgente tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.
»Con un alivio de las sanciones nosotros podemos tener un mayor crecimiento y recuperación económica, y más ahora con los sismos del 24 de junio. Es necesario el incremento de nuevos créditos en estas áreas que están dirigidos a la recuperación del estado La Guaira y a la calidad de vida del venezolano», señaló López.
El dirigente gremial explicó que, si bien los terremotos no impactan de manera automática en el Producto Interno Bruto (PIB), sí generan un daño directo en el acervo de capital de bienes y servicios. Ante esta situación, planteó la urgencia de contar con licencias inmediatas que permitan utilizar los fondos venezolanos retenidos en el extranjero, incluyendo el oro depositado en Inglaterra, para destinarlos directamente al proceso de recuperación de las zonas afectadas en el estado La Guaira.
López enfatizó que la liberación y el uso de estos recursos retenidos no deben otorgarse a la ligera, sino que deben estar respaldados por estrictas «auditorías y vigilancia» para garantizar que se dirijan correctamente a los fines previstos.
Asimismo, informó que el sector industrial venezolano ya se encuentra articulado y ejecutando un diagnóstico en el terreno:
Se está realizando un mapeo de las personas que perdieron sus empleos tras los sismos.
Se cuantifica el número de negocios y empresas que resultaron afectados.
El objetivo es diseñar planes de financiamiento y canalizar donaciones en metálico.
»Para ello necesitamos el levantamiento de las sanciones. Por ello venimos trabajando en las cámaras sectoriales, regionales, cámaras de comercio, Conindustria y Fedecámaras en la formulación de este plan de recuperación», apuntó el vocero.
El contexto de las sanciones en Venezuela
Actualmente, Venezuela acumula 1.088 medidas coercitivas unilaterales, de las cuales más de 200 son de carácter individual y el resto corresponden a sanciones sectoriales y económicas generales.
Aunque el gobierno de los Estados Unidos mantiene vigente su arquitectura restrictiva bajo un esquema de «administración» de sanciones, en los últimos meses ha flexibilizado parcialmente decenas de ellas mediante la emisión de licencias temporales de la OFAC. Estos alivios condicionados han permitido la reanudación supervisada de operaciones clave en los sectores humanitario, comercial, y de petróleo y gas; sin embargo, el sector empresarial insiste en que se requiere un levantamiento definitivo para consolidar la reconstrucción nacional.
Con información de agencias
