En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó este martes, en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria. Este instrumento legal tiene como propósito central dinamizar el sector de la construcción en el país, promoviendo la sinergia entre el sector público y privado bajo un enfoque adaptado a las realidades económicas actuales.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, destacó que esta reforma busca crear las condiciones jurídicas y financieras necesarias para iniciar un proceso acelerado de construcción de viviendas, con especial urgencia para atender a las más de 10.000 familias (aproximadamente 30.000 personas) damnificadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
«Es promover la construcción de vivienda. El Estado tiene una capacidad con la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero en estos tiempos de unión necesitamos el esfuerzo de todos. Esta reforma apunta a garantizar mejores condiciones, seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado se sume activamente», subrayó Infante.
El proyecto de ley introduce cambios estructurales para reactivar los proyectos habitacionales paralizados y fomentar nuevas inversiones a través de cuatro ejes fundamentales:
Libertad de acuerdos en precios: Se elimina el «esquema de precio rígido» que impedía ajustar los costos ante la variación de materiales. Ahora, las partes podrán acordar libremente mecanismos de estabilización del saldo deudor según las fluctuaciones reales del mercado.
Flexibilización de plazos: Se suprime el límite legal restrictivo de 24 meses para culminar las obras. El tiempo de ejecución quedará sujeto al mutuo acuerdo entre el constructor y los adquirientes.
Protección al flujo de caja: Se simplifica el régimen de rescisión de contrato por impago. El constructor ya no deberá esperar 90 días de mora ni tramitar permisos administrativos previos; la reforma le facultará a rescindir el contrato de forma directa si el comprador acumula dos meses consecutivos de impago.
Estímulo al crédito bancario: Se elimina la responsabilidad solidaria que la ley anterior imponía a las instituciones financieras que otorgaban créditos promotores, reduciendo así los riesgos regulatorios que mantenían paralizado el financiamiento bancario.
Infante enfatizó que la reforma no desampara al comprador, sino que busca un «equilibrio justo» que brinde seguridad jurídica tanto al constructor y a la banca como a las familias adquirientes.
El objetivo final es sumar todas las capacidades del país para robustecer el plan Venezuela Renace y acelerar la entrega de hogares dignos. Con esto, el Parlamento prevé que en los próximos meses se puedan desalojar las escuelas que actualmente funcionan como refugios temporales, permitiendo que las familias afectadas por el sismo regresen a la normalidad en sus propias viviendas.
Con información de agencias
