La Corte de Apelaciones del Primer Circuito asestó un nuevo varapalo judicial al Gobierno del presidente Donald Trump al rechazar su solicitud para aplicar en 23 estados una orden ejecutiva que imponía nuevas restricciones al voto por correo, de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre donde se disputará el control del Congreso.
El tribunal ratificó la suspensión temporal dictada el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani, determinando que varias disposiciones del decreto probablemente vulneran la Constitución de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia había solicitado revertir la suspensión mientras avanza la apelación, argumentando que la demanda interpuesta por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia era «prematura», dado que las agencias federales aún no habían desarrollado las medidas para implementar la norma.
Sin embargo, los jueces de la corte de apelaciones descartaron dicho planteamiento al subrayar la urgencia de los tiempos electorales:
»Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora», dictaminaron los magistrados, enfatizando que las administraciones locales deben prepararse con antelación para el proceso comicial.
La medida, firmada por el mandatario en marzo, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar registros federales de ciudadanos con derecho al voto. Asimismo, ordena al Departamento de Justicia priorizar investigaciones penales contra aquellos funcionarios electorales locales que envíen papeletas a personas consideradas no elegibles.
En su fallo original, la jueza Talwani resolvió que:
Falta de autoridad: El presidente carece de facultades para ordenar al DHS la creación de dichos registros para los estados.
Límites del USPS: El Servicio Postal de Estados Unidos tampoco posee atribuciones legales para fijar normas vinculantes sobre el voto por correo.
Protección a funcionarios: La orden no puede emplearse «para intimidar a funcionarios electorales locales» ni forzarlos a usar registros federales incompletos bajo la amenaza de acciones penales.
El decreto presidencial se da tras años de cuestionamientos por parte de Trump hacia la votación por correo, reincidiendo en alegaciones de fraude generalizado en las elecciones de 2020 sin aportar pruebas.
Tras la decisión del Primer Circuito, el Departamento de Justicia ha adelantado que, de no obtener un resultado favorable en las etapas posteriores del recurso de apelación, podría elevar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La batalla legal se mantiene activa a medida que se acorta el plazo para los comicios de noviembre.
Con información de agencias
