La mujer había estado viviendo en Estados Unidos, ilegalmente, desde 1996, desde que tenía 14 años.
Durante este período, Guadalupe García de Rayos, de origen mexicano, tuvo dos hijos nacidos en ese país, que son ciudadanos estadounidenses.
En 2008, durante una redada en el parque acuático en Arizona donde trabajaba, la mujer fue arrestada cuando se le descubrió con un número falso de seguridad social.
Fue arrestada y pasó varios meses detenida. Eventualmente, en 2013, se ordenó deportarla a México.
Pero después de que apeló la orden se le permitió permanecer en Estados Unidos bajo la condición de que se presentara cada año en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para una breve revisión de su caso.
Prioridad
Este requisito formaba parte de un sistema establecido por el ICE durante el gobierno de Barack Obama bajo el cual se podía priorizar las deportaciones de los inmigrantes indocumentados más peligrosos antes de quienes no eran considerados criminales o no habían cometido delitos graves.
García de Rayos se presentó cada año a las revisiones del ICE, y cada año se le permitió permanecer en el país.
Hasta esta semana cuando después de que se presentó a su revisión anual el ICE ordenó deportarla. Horas después la mujer cruzó la frontera hacia Nogales, México.
Siete personas fueron arrestadas durante las protestas para tratar de bloquear el vehículo que la transportaba.
«Ver a mi mamá en esa camioneta… fue inexplicable», declaró su hija Jaqueline, de 14 años, durante una conferencia de prensa después de la deportación.
«Realmente se me rompió el corazón. Nadie debe pasar por el dolor de ver como se llevan a tu mamá, o el dolor de tener que empacar su maleta».
Así, la mujer se ha convertido en el caso más representativo de la promesa de Donald Trump para deportar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
La detención de García de Rayos surgió pocos días después de que Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se amplían las regulaciones que cubren las deportaciones.
En éstas se estipula que cualquier inmigrante indocumentado condenado por un delito, incluso aquéllos que no sean acusados pero que se considere que han cometido «actos que constituyan un crimen imputable», serán una prioridad para deportación.
«Guerra contra los inmigrantes»
Tal como le dijo al diario New York Times el abogado de García de Rayos, Ray Ybarra Maldonado, «la guerra contra los inmigrantes» ha comenzado.
«Ahora estamos viviendo una nueva era, la era de una guerra contra los inmigrantes», dijo el abogado.
Es una guerra contra lo que se calcula son 11 millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos.
Y la orden ejecutiva de Trump, aseguran los expertos, podría fácilmente aplicarse a la mayoría de estas personas.
Según Los Angeles Times,se calcula que unas 8 millones de indocumentados podrían estar sujetos a deportación bajo las estipulaciones de la orden de Trump.
En una declaración el jueves, una portavoz del ICE indicó que García de Rayos no tenía bases legales para permanecer en Estados Unidos.
«El caso de inmigración (de García de Rayos) estuvo sujeto a revisiones en múltiples niveles del sistema legal de inmigración, incluido bajo la Junta de Apelaciones de Inmigración, y los jueces dictaminaron que ella no tiene bases legales para permanecer en Estados Unidos», dijo la portavoz.
«ICE continuará enfocándose en la identificación y remoción de individuos con condenas por delitos que tienen órdenes finales de deportación emitidas por las cortes de inmigración de la nación», indicó Yasmeen Pitts O’Keefe.
Con información de: bbc.com
