Amnistía Internacional publica hoy el informe breve Silencio a la fuerza: detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, en el que asegura que el gobierno de Venezuela utiliza la justicia de manera ilegal para perseguir y castigar a la disidencia.
En el documento se detallan los casos de José Vicente García, Gilber Caro, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Villca Fernández, Steyci Escalona, Yon Goicoechea, Marcelo Crovato y de 14 policías de Chacao que se encuentran detenidos, a pesar de que se les impuso una medida cautelar sustitutiva.
“La generalizada falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela y la injerencia frecuente del Poder Ejecutivo y de sus dependencias en su labor, en un contexto de profunda polarización política, ha dado paso al uso abusivo y arbitrario del derecho penal como mecanismo para detener y procesar a personas que tienen opiniones críticas a las políticas adoptadas por el gobierno venezolano”, se lee en las conclusiones del dossier de 26 páginas.
“Amnistía Internacional –prosigue– ha podido constatar fehacientemente la existencia de múltiples formas de arbitrariedades en el proceso de detención y procesamiento de personas disidentes, que violan los derechos de debido proceso, libertad e integridad personal. También ha corroborado la existencia de indicadores que señalan la motivación política detrás de estas violaciones. Ello afecta de manera directa el derecho a la no discriminación, el derecho a manifestarse públicamente, como así también la libertad de expresión, asociación y reunión, que son obligaciones del Estado venezolano de acuerdo con mandatos internacionales”.
Érika Guevara Rosas, directora para Las Américas de AI, afirmó que en Venezuela está prohibido disentir. “Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial”.
Advirtió que el gobierno debería enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país. “Que en Venezuela haya personas detenidas, a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra, es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergida la nación”.
