El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha informado este miércoles que este país reestructurará parte de su deuda de 70.000 millones de dólares «por medio de los tribunales, al fracasar las negociaciones con los inversionistas de bonos», informa el portal 20 minutos.
Varios inversionistas habían demandado a ese Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos después de que expirara una congelación de litigios que protegía al Ejecutivo puertorriqueño de demandas de sus acreedores, con lo cual Rosselló ha desarrollado esta iniciativa gubernamental para «proteger a nuestro pueblo».
Así, un juez federal de la corte de distrito determinará cómo se reestructurará la deuda de Puerto Rico y, mientras tanto, los tenedores de bonos no podrán hacer nada durante los próximos 120 días. En cualquier caso, el economista Jose Joaquin Villamil considera que esa futura decisión «presenta un riesgo muy grande para ambas partes».
¿Que demandan los bonistas?
Para afrontar su deuda, San José emitió nuevos bonos, entre los que se cuentan los títulos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Sin embargo, esto llevó a que los tenedores de deuda de ese organismo y los bonos de obligación general —que están en situación de impago— se enfrentaran en una querella legal por los reembolsos, ya que Puerto Rico no tiene con qué pagar ambas deudas.
Mientras que el Gobierno puertorriqueño optó por pagar a los primeros, los segundos presentaron diversas demandas para exigir su dinero. Como se alcanzó una situación límite, esta semana el Ejecutivo local ha tomado medidas al respecto.
La historia de la deuda boricua
En 1976, EE.UU. incluyó en su código de Impuestos Internos la sección 936. Este cambio normativo favoreció el desarrollo de Puerto Rico, ya que otorgó exenciones fiscales e impositivas a las empresas estadounidenses que se instalaran en esa isla, y también permitió que las filiales remitieran sus ganancias sin tasas a la casa matriz.
Sin embargo, en 1996 Washington anunció que eliminaría esa normativa de manera progresiva a lo largo de una década. Cuando se cumplieron los 10 años, la economía puertorriqueña entró por primera vez en recesión y comenzó su proceso de endeudamiento, que ha evolucionado hasta la situación actual.
A pesar de ser un ELA, esta isla caribeña no se puede declarar en quiebra como hizo la ciudad de Detroit (Michigan), según establece el Capítulo 9 del Código de Bancarrotas de EE.UU. En ese sentido, el director de Políticas Públicas del Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico, Sergio Marxhuach, apuntó que cuentan «con la mitad de las herramientas económicas que tiene un país soberano» ya que, mientras que en los países existe un banco central, un ministro de Finanzas y una moneda, ellos poseen «un secretario de Hacienda, pero el resto lo maneja la Reserva Federal de EE.UU.».
