Así como los paisajes majestuosos que adornan cada rincón de Guatemala, aparecen ante el viajero imágenes lamentables de niñas y niños de cualquier edad en las calles, en total desprotección por parte de sus familias y del Estado.
La desidia estatal, la pobreza, la falta de educación y otros factores, redoblan la vulnerabilidad de ese sector en el país, en el cual inciden de modo particular fenómenos globales como el narcotráfico, la trata de personas en sus distintas modalidades y el crimen organizado.
Para el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), Nery Rodenas, son indignantes las condiciones de vida de la niñez en el territorio, azotada por la desnutrición, la violencia y la marginación, sin que exista una política pública que garantice su desarrollo adecuado.
«Los niños y adolescentes guatemaltecos sobreviven en una situación de desigualdad y exclusión, que además los somete a violencia física y estructural», opinó.
Y agregó que buena parte de esta población debe laborar para ayudar a sus familias, por la extrema pobreza, a partir de lo cual muchos son víctimas de explotación y de trata.
Durante 2015, por ejemplo, cada 24 horas se registró un homicidio de una víctima niña, niño o adolescente y esa situación no varió, denunció en un informe la Odhag, con base en datos de la Policía Nacional Civil.
La oficina católica instó al Gobierno a centrar la inversión pública y los presupuestos en la niñez y adolescencia, para garantizar una vida digna a este grupo social, como mandata la Convención de los Derechos del Niño.
En Guatemala, cinco de 10 habitantes son menores de 18 años de edad y aunque cada 30 de octubre se celebra el Día del Niño, nada cambia en torno a este grupo de la población de año en año.
Datos oficiales prueban que estas personas son las principales víctimas de la pobreza y la desigualdad social en el país centroamericano, donde 0.001 por ciento de sus 16 millones de habitantes tienen más capital que el resto de la sociedad, según el Union Bank of Switzerland y la consultora Wealth-X.
Guatemala posee 57 en el coeficiente de Gini -uno de los medidores más usados para medir la desigualdad, en un rango donde cero es equidad total y 100 es inequidad total- y está en el top ten del ranking mundial de países más desiguales y el número uno en Centroamérica.
De hecho, es uno de los pocos de América que experimentaron un aumento de la pobreza en los últimos años y este flagelo impactó de mayor manera a los menores de edad.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (Encovi, INE) reflejó que cuatro de cada 10 guatemaltecos pobres están por debajo de los 15 años y que cinco de cada 10 de quienes viven en extrema pobreza están en ese rango etario.
De acuerdo con los resultados de la Encovi, presentada en diciembre de 2015, la pobreza crece y puede ser cada vez más elevada si no se planifican y ejecutan de manera urgente estrategias estatales serias y abarcadoras en pos de frenarla al menos.
Otros informes muestran realidades alarmantes también, como que en ese año 19 de cada 100 niños y niñas de siete a 12 años de edad quedaron fuera del sistema de educación, mientras que solo cuatro de 10 adolescentes recibieron enseñanza básica y apenas dos de cada 10 ingresaron al bachillerato.
Súmele a esto que la desnutrición afecta a más del 50 por ciento de las personas comprendidas de cero a cinco años de edad y el accionar del Ejecutivo está marcado por el desconocimiento de puntos de partidas claves para acabar con la problemática.
Miembros del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala, consideran que la improvisación prima en el modo de actuar de las autoridades contra el mal y hasta son incongruentes las cifras manejadas en torno a la incidencia de este.
«Desde 2013 se sabe quiénes requieren de ayuda para contrarrestar el proceso degenerativo por carencias calórico-proteicas, en buena medida por la intervención de los médicos cubanos en el territorio.
Pero aunque se tenían estos datos validados por medio de ellos, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el Gobierno insistieron en ir a rectificarlos y eso nos ocasiona un atraso», comentó el congresista Germán Velásquez a Prensa Latina.
Según el diputado, durante la primera reunión del equipo interinstitucional los representantes de las comisiones presidenciales vinculadas al tema insistieron en que el Gobierno de Jimmy Morales redujo la problemática en 4,73 puntos porcentuales mas ese dato carece de asideros en la realidad.
La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi, 2013-2014) reflejó que el 46,5 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años padecían desnutrición en Guatemala y que la incidencia de la problemática era mayor en áreas rurales (53 puntos porcentuales).
El estudio mostró, además, que la desnutrición crónica también afectaba a 34,6 por ciento de los menores de cinco años de edad en zonas urbanas.
En su discurso inaugural como presidente, Morales definió que acabar con el flagelo era una de sus prioridades y el 26 de febrero de 2016 fue publicado el acuerdo gubernativo que dio vida a la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, cuya reunión primera redundó en la creación de subcomisiones para implementar la estrategia.
Poco más de un año después, los cuestionamientos persiguen al gobernante, y hasta una denuncia legal por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, ejecución extrajudicial, y tortura.
Peor todavía es la falta de credibilidad en su eficacia para resolver problemas fundamentales de la nación y las dudas respecto a datos manejados con tal de acallar las críticas a su gestión, entre los cuales está la supuesta reducción de la desnutrición aguda en 9,8 puntos porcentuales en apenas 11 meses.
El 16 de diciembre de 2016 el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (Sesan), German González, dio esa cifra y abundó que eran 12 mil 948 los menores de cinco años impactados, mil 414 menos que en 2015, cuando sumaban 14 mil 362.
«Estamos con una cifra positiva, pero que nos mantiene en alerta en algunos departamentos como, San Marcos, Huehuetenango y Sacatepéquez», mencionó, aunque el último no aparece ahora entre los priorizados por el Frente Parlamentario Contra el Hambre.
«En estos casos se realiza una visita al hogar, para sensibilizar a los padres, se hace una labor de convencimiento y si aun así existe renuencia de los padres se ejecuta una orden del juzgado competente para garantizar que el menor reciba la asistencia necesaria y sobre todo evitar su muerte», advirtió.
Otro canal abierto para reducir el flagelo es el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Paffec), asociado a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Durante la presentación del plan, el 17 de febrero de 2017, el comisionado Andrés Botrán planteó que abarcaría a cuatro departamentos e involucraría al Mspas, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a la Sesan y otros.
Expuso también que dentro del Paffec se impulsan siete intervenciones preventivas contra la desnutrición crónica en favor de unas 100 mil familias, que recibirán asistencia técnica para mejor la producción agrícola, la solución de sus necesidades alimentarias, la inserción en los mercados y su economía en el hogar.
Todos estos proyectos marchan paralelos al accionar del Frente Parlamentario Contra el Hambre, bajo la conducción del vicepresidente de la república Jafeth Cabrera.
Mientras tanto Guatemala continua apareciendo a los ojos del mundo como uno de los de mayor índice de desnutrición en este continente por cuanto, pese a ser la economía más grande de Centroamérica, mantiene una inversión anual en niñez y adolescencia de menos de un dólar por cada niño o niña.
De ello se desprende la incapacidad sostenida de disminuir los espeluznantes niveles de desnutrición infantil, de embarazos adolescentes, de mortalidad manterna, y de exclusión del sistema educativo, concuerdan especialistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
«Guatemala es el segundo país con la incidencia de privación de derechos dentro de la población infantil, la más alta de la región», señalaron los vinculados al estudio Pobreza multidimensional que afecta a la niñez guatemalteca.
Además, denunciaron que en 54,8 por ciento de los hogares en los que habitan menores de 18 años de edad, estos viven en situación de pobreza, no solo monetaria sino también de privación en al menos dos dimensiones de derechos como la nutrición, salud, educación, agua potable, saneamiento y vivienda.
Todo lo anterior sugiere la persistencia de un círculo infernal girando alrededor de la nación centroamericana y en particular, en torno a quienes por fuerza natural deben asumir su desarrollo en el porvenir.
Con información de Panorama.com.ve
