La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el próximo jueves 19 de mayo a una audiencia pública, para que el Estado Venezolano presente información pendiente con respecto a la implementación de las medidas provisionales, dictadas a favor de nueve cárceles en Venezuela.
Durante el 118º Período Ordinario de Sesiones, que tendrá lugar en la sede del Tribunal en San José de Costa Rica, además del Estado venezolano y la CIDH también participará -en calidad de representante de los beneficiarios- el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“El Estado venezolano deberá entregar información detallada sobre la implementación de las medidas provisionales a favor del Internado Judicial de Monagas (La Pica), Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Uribana), Internado Judicial Capital Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Vista Hermosa) y Centro Penitenciario de la Región Andina”, explicó Humberto Prado, director del OVP en nota de prensa.
De igual modo, la audiencia servirá para analizar la solicitud de extensión de las medidas provisionales otorgadas a Prado, con la finalidad de proteger la vida e integridad de sus familiares, “tras un sinfín de amenazas que no han mermado su fervor por la defensa de los privados de libertad en Venezuela”.
Prado resaltó que Venezuela es el único país en el sistema interamericano que posee nueve cárceles bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El preso es un sujeto de derecho y debe tener parámetros claros con estándares internacionales, con clasificación de la persona por el tipo de delito, edad, grado de peligrosidad y sexo, en cárceles de mínima, media y máxima, y en separación de categorías de procesados y condenados. Que cada perfil esté donde deba estar”, explicó.
El OVP aprovechará la oportunidad para solicitar a la CIDH que el Estado venezolano cumpla a cabalidad con las medidas provisionales y adopte de forma inmediata las acciones complementarias necesarias para evitar, “en forma eficiente y definitiva, la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en los recintos carcelarios antes mencionados, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes”, sentenció.
