Las tierras pasarán a ser área de seguridad “ante el hipotético caso negado de una intervención extranjera”, dijo José Rafael Ávila, presidente del INTI
El presidente del Instituto Nacional de Tierras, José Rafael Ávila, anunció que las fincas inspeccionadas en el estado Táchira pasarán a disposición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La medida fue aplicada a productores que protestaron la semana pasada.
Ávila señaló que la supervisión e inspección se practicó en los fundos La Esperanza y Campo Barinas, en el municipio Libertador; Villa Olivia y Caño Mula, en el municipio Fernández Feo; El Guamal, en el municipio Seboruco; La Esperanza, en el municipio Panamericano; San Antonio, en el municipio Samuel Darío Maldonado, y un predio sin nombre, en el municipio Jáuregui.
“Tenemos pensado transferir esos predios a la FANB por un tema de control territorial. Hicieron un ejercicio de trancar vías de acceso al estado Táchira que, en el hipotético caso negado de una intervención extranjera, ellos les harían el mandado de trancarnos aquí las vías de acceso”, dijo.
Aseguró que encontraron irregularidades en las inspecciones practicadas en los fundos que suman una extensión de 1.296 hectáreas. “Detectamos incumplimientos en la función social para lo que está destinada la tierra o la adjudicación otorgada. Hay tierras ociosas, tercerización, venta sin autorización del INTI, presencia de indocumentados colombianos e insolvencia laboral. Hicimos las inspecciones cumpliendo instrucciones del alto mando político-militar de la revolución”.
Agregó que debe haber una condena moral para los dueños de esos fundos, porque durante cuatro días bloquearon el acceso de alimentos y combustible a Táchira, e imposibilitaron la distribución de alimentos a otras partes del país.
Producción en persecución. Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, quien acompañó a los productores en dos de las inspecciones, indicó que la comisión integrada por funcionarios del INTI y del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral solicitaron documentos de la finca a los propietarios, así como guías de ganado, planos, tradición de la tierra y niveles de producción.
“Que esa inspección pueda ser utilizada posteriormente para amedrentar o amenazar, es otra cosa”, indicó. Aseguró que las fincas intervenidas están 100% productivas.
“Rechazamos cualquier tipo de anarquía, de violencia. Nuestro país está atravesando por una grave crisis económica, política y social que ha generado todo esto. No estamos de acuerdo con trancar vías y pedimos calma y paz”, dijo.
Carmen Oliva Ramírez, una de las ganaderas afectadas, dijo que tiene 20 años produciendo leche. Su fundo está 100% productivo. A su finca llegó la comisión y fue vía telefónica que uno de los funcionarios le notificó que estaba bajo averiguación administrativa.
“No me siento amenazada porque lo que sé es trabajar. Soy de la tercera edad y lo que estoy produciendo es seguridad alimentaria”, dijo Ramírez. Señaló que por información falsa la involucraron en haber bloqueado vías, lo que niega haber hecho.
