La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió la nulidad del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto establecido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, “no cumple con los extremos legales, pues es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Constituyente”.
Caracas.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió este jueves a «todos los habitantes del país que rechacen la Asamblea Nacional Constituyente» y acudir a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a adherirse a la demanda que introdujo contra ese proceso convocado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Desde las afueras del TSJ informó a los medios que pidió a la Sala Electoral del Poder Judicial la declaratoria de nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) con respecto a la convocatoria de la Costituyente, por considerar que el decreto establecido por el Presidente, “no cumple con los extremos legales, porque es el pueblo quién tiene la potestad de convocar la Constituyente”.
Ortega Díaz pidió la nulidad de las bases comiciales y todos los actos administrativos emanados del CNE relacionados con ese proceso con el que se busca cambiar el texto contitucional, por ser “igualmente inconstitucionales”. Al mismo tiempo resaltó que «una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser Constituyente”.
Destacó que presentó el recurso de nulidad por considerar que el Poder Electoral “incurrió en una violación de los principios de los derechos humanos, derecho al sufragio, a la participación política, y el principio de la soberanía constitucional progresiva”.
La titular del Ministerio Público rechazó los “llamados violentos” que hacen figuras del Gobierno a quienes rechazan la Constituyente. “Son frases agresivas y amenazantes contra quienes no participen en el proceso, no podemos vivir en un país así”, señaló desde el TSJ.
En tal sentido, señaló que la Constitución de la República «no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza a fuera derogada por cualquier medios distinto previsto en ella, en tal eventualidad todo ciudadano investido o no de autoridad tiene que colaborar en el restablecimiento de la Constitución porque así lo establece la carta magna”, recordó al citar el artículo 333.
