La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, consignó este martes 13 de junio una nueva solicitud ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la que impone un «antejuicio de mérito» contra seis magistrados y dos suplentes.
“Hoy acudo ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar el antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional, los seis magistrados y dos suplementes, ellos son: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes: Federico Fuenmayor y René de Graves. La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 de Código Penal. El Tribunal Supremo de Justicia por intermedio de la Sala Constitucional ha venido ejecutando una política reiterada, dictando distintas decisiones, voy hacer mención de algunas de ellas la 155 y 156, en la cual se produce una ruptura del orden Constitucional, fue tal el impacto de estas sentencias, que se convocó el Consejo de Defensa de la Nación, con ocasión a esa convocatoria del Consejo de la Defensa, se suscribió un acuerdo donde se exhortaba a la Sala Constitucional a realizar una aclaratoria de la sentencia e inmediatamente la Sala Constitucional procedió a dictar unas aclaratorias”, dijo la Ortega Díaz.
La Fiscal General, añadió que en esa aclaratoria no se especificó que se le daban “poderes especiales” al presidente de la República, Nicolás Maduro, “se produjo la aclaratoria de la sentencia pero esa sentencia lo que aclararon, fue en cuanto a las medidas innominadas, pero no entraron a conocer el fondo de ellas, porque en sentencia se le estaba dando poderes especiales al presidente de la República, incluyendo en materia penal, cuando la materia penal debe ser interpretada de manera restrictiva, porque el Estado y ciudadanos necesitas seguridad jurídica de quien va a investigarlo y juzgarlos, igualmente en esas sentencias se disolvía la Asamblea Nacional, se le quitaban todas las atribuciones y las arrogaban la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, con la potestad de delegarlos en quien ello quisieran, indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia, un requisito indispensable para la paz. No es través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”.
Sostuvo que la Sala Constitucional en la sentencia 378, “en la que señaló que se revive la democracia representativa y deroga la democracia participativa y protagónica, también a través de esa sentencia, violando el artículo 5 de la Constitución, se le transfiere a un poder constituido la soberanía que es del pueblo, que solamente puede ejercerla el pueblo y se atenta contra la supremacía Constitucional. Cuando se desconoce el Estado de derecho, me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito, porque es necesaria la paz de la República. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público, yo la elimino, mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad, no puede ser que yo voy a desestructurar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos. Tiene que haber una tranquilidad, para lograr esa paz de los ciudadanos tiene que ser a través de la decisiones serias y responsables que emite el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente la Sala Constitucional”.
Con información de Panorama
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