La Fiscalía británica inculpó este miércoles a seis personas por la Tragedia de Hillsborough en 1989, en la que 96 aficionados del fútbol murieron aplastados en un estadio de Inglaterra. Entre los señalados está el ex policía David Duckenfield, responsable de la seguridad del recinto aquel día, acusado de homicidio por negligencia grave.
Los otros acusados son Graham Henry Mackrell, encargado de la seguridad del club Sheffield Wednesday, propietario del estadio; Peter Metcalf, el abogado que representó a la policía en las primeras investigaciones; Donald Denton, comandante entonces de la policía del condado de South Yorkshire; Alan Foster, ex inspector jefe de la policía del mismo condado y, finalmente, Norman Bettison, otro oficial de policía.
Los acusados deberán presentarse en la Corte de Magistrados de Warrington el próximo 9 de agosto.
«Hay suficientes evidencias para imputar delitos a seis individuos», dijo la Fiscalía en el comunicado, antes de enumerar cargos que tienen que ver con las decisiones que permitieron la aglomeración que resultó en la asfixia de los hinchas, así como con el entorpecimiento de la investigación posterior.
La tragedia se produjo cuando más de 2.000 aficionados del Liverpool llenaron una zona de gradas de pie detrás de la portería del estadio de Hillsborough, en Sheffield. Los 96 hinchas del Liverpool murieron asfixiados, después de que la policía decidiera abrir los accesos y la gente acabara entrando sin control con el estadio de 54.000 plazas ya prácticamente lleno para el partido de semifinales de FA Cup contra el Notthingham Forest.
Las víctimas fallecieron aplastadas contra las cercas metálicas o pisoteadas. Las imputaciones son el resultado de una extensa investigación terminada en abril de 2016, que concluyó que la muerte de los aficionados fue un delito de negligencia y no un accidente, un acontecimiento en el que los hinchas no tuvieron ninguna culpa.
La investigación original clasificó las muertes como accidentales. Pero las familias apelaron la decisión y lograron que se revocara en 2012 tras una amplia pesquisa que revisó documentos antes secretos y reveló malas prácticas y errores de la policía.
La fiscalía había considerado una cifra de 23 sospechosos, incluidos particulares y organizaciones.
Fuente: Infobae/ Con información AFP y AP
