El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentó a la ciudadana Katherine Harrington Padrón en el cargo de Vicefiscal de la República, tras anular “absolutamente” la designación de Rafael González Arias que hizo la fiscal de la República Luisa Ortega Díaz el pasado 17 de junio de 2017.
El fallo de la sentencia 532, de fecha 3 de julio de 2017, fue leído por el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional.
Señaló que el objeto de esa audiencia constitucional era proceder con el cumplimiento del dispositivo tercero de la sentencia 470 del 27 de junio de 2017, y así proceder con “la nulidad absoluta de la designación de la fiscal”.
Explicó que la designación del vicefiscal de la República “debe contar con la autorización de la mayoría del Poder Legislativo”, pero “al mantenerse ese órgano en desacato” lo “conducente” era que la fiscal general acudiera a esa Sala Constitucional, “dada la normalidad existente” que choca con el Estado de derecho, “al estar deslegitimada la Asamblea Nacional para otorgar la aprobación.
Katherine Harrington
En los años recientes varios casos sonados han estado ligados a la actuación de la fiscal Harrigton: entre otros están las causas contra la jueza María Lourdes Afiuni; contra Ana María Abreu de San Miguel (cuñada de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel) y contra el alcalde metropolitano Antonio Ledezma por los presuntos delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno de Venezuela.
Por otro lado, su nombre también figura en la lista del 9 marzo de 2015 de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Barak Obama. En ese entonces se trató de seis oficiales y un solo civil: la fiscal 20 nacional del Ministerio Público Katherine Harrington.
La sentencia 470
La sentencia 470 de la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación en el cargo de González Arias, alegando que la titular del Ministerio Público designó al vicefiscal sin cumplir con lo establecido en la Constitución.
“Se ordena remitir copia certificada del presente fallo a la Sala Plena de este Alto Tribunal y al Consejo Moral Republicano, para que ejerzan las actuaciones que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, dado los errores graves e inexcusables evidenciados en este fallo”, indica la sentencia.
Luego señaló que “en consecuencia, son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como vicefiscal general de la República”.
Al día siguiente la fiscal Ortega Díaz llamó a desconocer decisiones del TSJ contra el Ministerio Público, asegurando que tanto con la decisión 470 como con la anterior, 469, se evidencia que “continúa la ruptura del orden constitucional en Venezuela y que además pretenden desmontar al Ministerio Público. Además incrementan la inseguridad jurídica”.
Fuente: Eluniversal.com
