La fiscal general Luisa Ortega Díaz hoy el nombramiento por parte del Parlamento -de mayoría opositora- de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un proceso unilateral al margen del resto de poderes para renovar esta corte al no reconocer su legitimidad.
“Ese es el mismo problema también que designaron una vicefiscal al margen de la ley, y designan unos magistrados… Yo creo que el Estado hay que ordenarlo”, dijo Ortega en una entrevista en el canal privado Venevisión, al ser preguntada sobre la designación de los magistrados paralelos, prevista para el viernes.
La fiscal se refería al nombramiento por parte del TSJ de Katherine Haringhton como vicefiscal, que fue designada en el cargo por el tribunal tras anular por supuestas irregularidades el nombramiento de Rafael González para el puesto, hecho por la propia Ortega.
La titular del Ministerio Público no ha aceptado la designación de Haringhton, y la Fiscalía le ha impedido hasta ahora el paso a sus dependencias.
“La gente lo que quiere es que haya orden. La gente lo que quiere es seguridad, tranquilidad, decencia. La gente está cansada de esas cosas anormales que no permiten que el Estado funcione y avance”, concluyó quien se ha convertido, tras romper con el oficialismo, en una de las voces más duras con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela vive una guerra abierta de poderes entre el Legislativo, en manos de la oposición, por un lado y el Ejecutivo y el Judicial. Este último es acusado de servir al Gobierno del presidente Maduro y cuya legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la propia fiscal.
Ortega denunció en abril la ruptura del “hilo constitucional” por parte del Supremo después de que este tribunal declarara en “desacato” al Parlamento y se atribuyera las funciones de la Cámara, una decisión vista como un “autogolpe” de Maduro por detractores del presidente que fue después parcialmente revocada.
La oposición ha arropado y aplaudido el posicionamiento respecto al TSJ y las denuncias de “terrorismo de Estado” por parte de Maduro de la fiscal, a quien el Supremo ha congelado las cuentas y prohibido salir del país mientras determina si hay motivos para enjuiciarla por “faltas graves” en el desempeño de su cargo.
La materialización del nombramiento de los jueces es parte de la “fase superior” de presión contra Maduro activada por la oposición tras la consulta del domingo pasado, celebrada por la oposición sin el reconocimiento del Gobierno y en la que participaron 7,5 millones de venezolanos, según los organizadores.
Un 98 % de ellos rechazaron la Asamblea Constituyente activada por Maduro -que debe elegirse el 30 de julio- y pidieron la renovación de los poderes públicos.
El Parlamento ha anunciado la formación de un “gobierno de unión nacional” para dar respuesta al “mandato del pueblo”. EFE
