El juicio a Javier Duarte aún no comienza y la Fiscalía ya nada a contracorriente. La Administración de Enrique Peña Nieto se pone a prueba en el proceso contra el exgobernador de Veracruz. El Gobierno del PRI está obligado a juzgar por corrupción a uno de los suyos mientras parte de la opinión pública considera incapaz a la Procuraduría General de la República (PGR) de conseguir la condena del exmandatario del PRI acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Hay que tener fe en la PGR, fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga”, dijo la tarde del miércoles Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. La inusual prueba de fe no fue solicitada por Raúl Cervantes, el procurador general. Vino del encargado de la política interior mexicana en respuesta a un grupo de reporteros. “La PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la sociedad”, agregó.
Los periodistas preguntaron a Osorio sobre el papel que tuvieron los fiscales en la primera audiencia de Javier Duarte en suelo mexicano. El exgobernador de Veracruz llegó el lunes de Guatemala, donde fue capturado y esperó tres meses su extradición. Tras tocar tierra, fue trasladado al Reclusorio Norte. Allí lo esperaba su defensa, encabezada por Marco Antonio del Toro, uno de los penalistas más caros de México y quien se encarga de la defensa de la líder sindical caída en desgracia, Elba Esther Gordillo. También lo aguardaban los abogados de la Fiscalía que lo acusan de desviar recursos públicos para comprar propiedades a través de un grupo de testaferros.
Las crónicas de los periodistas en la sala de audiencias exhibieron una triste comedia de enredos protagonizada por los abogados de la acusación, Martha Ramos Castillo, Nelly Magally Alvarado y Pedro Guevara Pérez, director general de control de procesos y amparo en materia de delitos federales en la PGR. “Los números no cuadran”, les dijo en un momento el juez Gerardo Moreno. El togado hizo ver a la Fiscalía las incongruencias y contradicciones entre la orden de aprehensión de hace algunos meses y las cifras expuestas en una vista que se extendió por más de cinco horas. La PGR solo pudo documentar un desvío de 38.5 millones de pesos de los 438 millones de la acusación original.
La oposición ha solicitado a la Fiscalía estar a la altura del caso. “Lo que ocurrió suena a simulación y sospecha”, consideró este miércoles Fernando Herrera, el líder del PAN en el Senado. El juez Moreno recordó el lunes que la PGR ha cambiado tres veces de ministerios públicos y que los fiscales desconocían el expediente.
La PGR puede corregir el rumbo este sábado en la segunda audiencia. En ella, el juez deberá o no vincular a Duarte a un proceso por delitos del fuero federal. El caso del exgobernador se realiza a través del nuevo modelo acusatorio, que pretende dar más transparencia a los juicios. Un nutrido grupo de periodistas será nuevamente testigo de la vista del caso que ha despertado sed de justicia en el país.
Una vieja discusión amenaza el caso que la Fiscalía quiere construir. El periodista Raymundo Riva Palacio asegura que el gobernador expulsado por el PRI podría salir en libertad por un error de principiantes. “Si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al Legislativo un juicio de procedencia para su desafuero”. El columnista de El Financiero afirma que Duarte mantuvo su inmunidad aún después de haber solicitado la licencia al cargo.
Duarte anunció su separación de la gobernatura al Congreso de Veracruz el 12 de octubre. La primera orden de aprehensión fue obsequiada tres días después. Riva Palacio asegura que existe jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que garantiza que un servidor público con fuero no pierde la protección cuando solicita licencia al poder Legislativo.
El abogado penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana coincide con la interpretación del Supremo mexicano. Sin embargo, considera que en el caso particular de Javier Duarte este debate está zanjado. “La judialización de los asuntos contra Duarte fue después de que dejó el cargo. Es decir, cuando entró en funciones Miguel Ángel Yunes. Aquí no hay problema por el tema del fuero. Eso ya es Historia”, considera el litigante, que lleva los casos de algunos excolaboradores de Duarte que también son buscados por la justicia.
La PGR de Enrique Peña Nieto tiene una nueva oportunidad de limpiar su reputación, maltrecha después de investigaciones bajo sospecha y cuestionadas, como la de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Gobierno tiene en sus manos al emblema de la corrupción política de este sexenio. La Fiscalía debe decidir el camino que toma. Simulación o búsqueda de justicia.
Con información de El País
