El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles ampliación de la lista de funcionarios y exfuncionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro, cuatro días antes de que se celebren en Venezuela las votaciones convocadas por el presidente Nicolás Maduro para que elegir una asamblea que escriba una Constitución a su medida y gobierne el país en forma interina.
Hace una semana, la administración de Donald Trump había amenazado con imponer “medidas económicas que serían fuertes, firmes y rápidas” contra el gobierno de Maduro, si este seguía firme en su empeño de imponer la Asamblea Nacional Constituyente que liquidará todos los poderes actuales. Y entre ellas, no descartaba penalizar a más funcionarios o empresas del Estado venezolano, como Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
13 altos cargos a la lista de venezolanos que a partir de ahora tienen prohibida la entrada a Estados Unidos y sus bienes bloqueados en el país, por estar involucrados en corrupción, narcotráfico, violación de los derechos humanos o el deterioro de la democracia local.
La lista está encabezada Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que organiza las elecciones de este domingo, y quien se ha negado convocar los comicios regionales que debieron realizarse hace un año y bloqueó la posibilidad de realizar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro. Y por Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela y jefe de la comisión presidencial constituyente.
También están incluidos el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol; el actual director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; el exdirector de la Policía Nacional Bolivariana, Franklin García Duque; el comandante de la Guardia Nacional, Sergio Rivero Marcano; el comandante general del Ejército, Jesús Suárez Chourio; el tesorero nacional, Carlos Erick Malpica; el ministro de Comercio, Alejandro Fleming; el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, Rocco Albisinni; el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, Simón Zerpa; y la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
Al hacer estos anuncios, la Casa Blanca también advirtió que “cualquier persona que se incorpore a la Constituyente se expone a sanciones de Estados Unidos” y que una vez que se instale esta asamblea considerarán más sanciones económicas.
«Todas las opciones están sobre la mesa, no hemos tomado una decisión», explicó el portavoz de la Casa Blanca cuando se le preguntó durante una conferencia telefónica si las futuras medidas incluyen el veto de las importaciones y exportaciones petroleras desde y hacia Venezuela.
Este es el tercer grupo de funcionarios venezolanos sancionados durante el gobierno de Donald Trump. El pasado 18 de mayo fueronsancionados ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) por desconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición. Antes, el 13 de febrero, EEUU impuso sanciones contra el vicepresidente Tarek El Aissami y uno de sus socios, Samark López, ambos señalados de estar involucrados en delitos de narcotráfico.
En 2014, durante la administración de Barack Obama, el Congreso aprobó sanciones similares contra decenas de funcionarios identificados como responsables de la vulneración de los derechos humanos de quienes, ese año, participaron en una ola de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro.
