El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges señaló que la directiva de la AN acudirá a instancias internacionales para denunciar las acusaciones por parte de la ANC contra el diputado Germán Darío Ferrer, presuntamente involucrado en una red de corrupción de la anterior gestión del Ministerio Público (MP).
“Nosotros vamos a realizar la solicitud ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para proteger a cualquier diputado y al parlamento, igualmente vamos a realizar la denuncia del caso del diputado Germán Ferrer ante el alto comisionado de Derechos Humanos en las Naciones Unidas”, señaló.
Borges aseguró, que están activando a todos los Parlamentos de la región “para que se activen y repudien lo que está ocurriendo hoy en Venezuela”.
“La Constitución del año señala que todo diputados tienen inmunidad parlamentaria y que solamente puede ser levantada por la propia Asamblea Nacional. La ANC no puede crear un reglamento distinto al de la propia Constitución”, dijo en rueda de prensa.
Además, señaló que en Venezuela debe existir ” una justicia que sea para todos por igual, sin colores políticos. Hay despojo de justicia que se ocupa de la persecución a los dirigentes políticos”, afirmó.
Por último recalcó que todo procedimiento ejecutado por la Asamblea Nacional Constituyente “no tiene validez, la única Constitución que nosotros reconocemos es la de 1999”.
En contexto
Este miércoles el fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó a dos fiscales para investigar las aperturas de cuentas en dólares en las Bahamas por parte del diputado Germán Ferrer, esposo de exfiscal Luisa Ortega Díaz y otros funcionarios del Ministerio Público.
De igual manera, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este miércoles procedente la detención de Germán Darío Ferrer, presuntamente involucrado en una red de corrupción de la anterior gestión del Ministerio Público (MP).
De acuerdo con una sentencia, publicada en el portal web del Poder Judicial, el máximo tribunal señaló que existen las evidencias para determinar la responsabilidad del ciudadano por los delitos corrupción propia, enriquecimiento ilícito y extorsión, previstos en las leyes venezolanas.
Nota tomada de Ultimasnoticias.com.ve
