Los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador lamentaron el martes el anuncio de la cancelación del programa DACA de Estados Unidos.
México expresó su “profunda preocupación” por la situación de miles de jóvenes nacidos en el país que fueron criados en Estados Unidos y se verán afectados por la cancelación del beneficio y anunció acciones para apoyar tanto a los que se queden como a los que decidan regresar.
En un comunicado emitido poco después de que el presidente Donald Trump anunciara a través de su Procurador de Justicia, Jeff Sessions, el fin del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) la cancillería mexicana indicó que “por la vía diplomática y siempre en estricto apego a derecho” promoverá “activamente” llegar a una “solución permanente” para estas personas.
Para ello ha enviado cartas a senadores y congresistas estadounidenses y aseguró que “redoblará sus esfuerzos” para garantizar “la más amplia protección consular”, incluida la representación legal de los jóvenes afectados por esta medida.
Mientras tanto, el gobierno guatemalteco se unió a las muestras de preocupación “sobre las implicaciones socioeconómicas que dicha decisión tiene para miles de jóvenes y familias inmigrantes que residen en los Estados Unidos de América y en particular para nuestros jóvenes migrantes guatemaltecos en ese territorio”, decía un comunicado de prensa.
El documento precisaba que respetaba la legislación interna de EEUU pero que apelaba al sentido humanitario para velar “porque los jóvenes no quedarán desamparados y sean forzados a salir del país en el que crecieron y en el que han labrado su futuro como profesionales”. Unos 20.000 guatemaltecos están bajo el resguardo del programa.
A su vez, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, anunció en conferencia de prensa que dirigirán todas sus energías para buscar ante el Congreso de Estados Unidos una solución favorable a los más de 30.000 salvadoreños que protege el programa. Agregó que ya trabaja para articular una alianza con los gobiernos beneficiarios del programa, con organizaciones que defienden a los inmigrantes y con los mismos “dreamers” para luchar para la aprobación de una legislación definitiva.
“Vamos a resaltar que no es una población problemática, que es una población integrada, que ha asumido las leyes, las culturas, las disposiciones de Estados Unidos y que están realizando estudios para ser una población económicamente activa, una mano de obra calificada”, dijo en conferencia de prensa.
El DACA protegía a unos 800.000 jóvenes, unos 625.000 de ellos mexicanos, de la deportación y permitía estudiar y trabajar a los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, conocidos como “dreamers”.
El embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez señaló que desde que el periodo legislativo en curso empezó en enero han sido presentados 11 proyectos de ley en el Congreso estadounidense para darle una protección permanente a los “dreamers”.
Gutiérrez expresó su expectativa de que el Congreso logre aprobar un proyecto de ley durante los próximos seis meses.
“Estamos trabajando sobre la base de que será posible construir una solución legislativa”, dijo durante una conferencia de prensa que ofreció en la misión diplomática. “Existen actores políticos relevantes a favor de encontrar una solución. El hecho de que haya un compás de espera específico y un plazo perentorio pueden animar a esta opción”.
El Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada, dijo que actuar ahora es “un imperativo moral” del gobierno y por eso México se comprometió a tener un “diálogo permanente” con el legislativo estadounidense en busca de una “solución permanente y definitiva”.
El funcionario señaló que había habido casos de “dreamers” deportados en la actual administración pero que eran pocos y aseguró que los que decidan regresar serán recibidos “con los brazos abiertos” y con una serie de programas de apoyo.
Entre ellos destacó una bolsa especial de empleo a través de los consulados, un programa de crédito para jóvenes emprendedores o los que ya tengan negocios en Estado Unidos, la revalidación inmediata de títulos y el acceso a la educación sin trámites, ofertas de becas en México y otros países y afiliación al seguro popular.
Sada pidió a los afectados utilizar los canales oficiales de información para “evitar fraudes migratorios” y dijo que tendrán a su disposición toda la red consular y, en algunos lugares como Tucson, Arizona, apoyo las 24 horas del día.
A Tomás Milton Muñoz Bravo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, le parece preocupante que la decisión quede ahora en manos del legislativo porque Congreso y Senado llevan más de una década sin ponerse de acuerdo en temas migratorios y recordó que si no se consigue una iniciativa ratificada y publicada por el gobierno federal estadounidense, podría haber deportaciones masivas.
Según un comunicado de la UNAM, otra preocupación es que Estados Unidos cuenta con una base de datos de los “dreamers” y de sus familias, lo que los coloca en una situación muy vulnerable.
Vía: El Siglo
