El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la ley para convocar el referéndum sobre la independencia del próximo 1 de octubre. La Fiscalía por su parte querellará contra Puigdemont, el Govern y la Mesa del Parlament.
El Parlamento de Cataluña aprobó ayer, tras una larga y tensa sesión, la Ley del Referéndum sobre la independencia de España y poco después el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, firmó el decreto de convocatoria para la consulta del día 1 de octubre.
Los independentistas lograron aprobar la ley gracias su mayoría parlamentaria con 72 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra (los socialistas, liberales y conservadores se retiraron de la sala).
El gobierno central de Mariano Rajoy considera inconstitucional el referéndum y asegura que impedirá su celebración.
Sin embargo la aprobación de la ley ha permitido que el referéndum haya podido ser promulgado con carácter formalmente legal y antes de que la acción suspensiva del Constitucional le alcanzara.
President Puigdemont signs and thereby enacts the Law to call the #Referendum approved by the Parliament of Catalonia pic.twitter.com/drunaxfRZj
— Catalan Government (@catalangov) September 6, 2017
La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría confirmó que una vez que decidieron la admisión a trámite una ley absolutamente inconstitucional, Rajoy puso en marcha todos los mecanismos legales para responder a “esta barbaridad”.
Entre otras cosas la vicepresidenta dijo que se pedirá que se declaren nulos los acuerdos adoptados por el parlamento catalán y se exija responsabilidad penal a la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, y a todos los miembros de la mesa que hayan votado a favor de admitir a trámite la ley del referéndum. Para la número dos del Gobierno español durante el mandato de Forcadell al frente del parlamento catalán murió la democracia.
.@EnricMillo "El Consejo de Ministros presentará un recurso al TC, que supondrá la suspensión inmediata de las normas aprobadas ayer"
— Delegació del Govern a Catalunya (@DeleGobCataluna) September 7, 2017
La ley aprobada por el Parlament instaura un régimen jurídico excepcional para regular y garantizar el referéndum e incluye la pregunta que se planteará el 1 de octubre a los catalanes: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.
La normativa establece que el resultado será vinculante: si gana el SÍ a la independencia, se abriría un proceso constituyente.
Ahora se espera que el Parlament apruebe otra norma clave conocida como “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana” a través de la cual se pretende garantizar la legalidad durante el periodo comprendido entre la supuesta celebración del referéndum y la aprobación de una Constitución catalana en caso de que gane el SÍ.
La Fiscalía demandará
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció este jueves la presentación de una querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de los miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1-O.
Este miércoles ya se había anunciado la presentación de una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament catalán que han aprobado la admisión a tramite de la Ley del Referéndum.
Ambas querellas serán interpuestas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es donde están aforados todos los políticos querellados, al ser diputados regionales o miembros del Govern.
José Manuel Maza leyó un comunicado ante la prensa en el que asegura que Puigdemont ha “actuado en contra de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía”.
Por ello, en la Fiscalía “se están elaborando sendas querellas criminales (sic)” que serán presentadas “en breve” ante el TSJCat y se ha instruido a las “fiscalías catalanas para que investiguen con apoyo de la Policia Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos” presuntamente cometidos por los miembros de la Mesa del Parlament y los integrantes del Govern de la Generalitat.
Además, se han dado”las órdenes oportunas” para que la policía judicial “intervenga los efectos instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal” del 1 de octubre.
Vía: Ir21
