“El referéndum ya camina”, expresó en Twitter, Carles Puigdemont, mientras que el jefe del Gobierno español hizo defender la Constitución y leyes españolas con las armas legales que contempla su Carta Magna
El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña que regula el referendo sobre la independencia de esta región autónoma española, y también el decreto que lo convoca para el 1 de octubre próximo, firmado por el Gobierno catalán.
Esta medida implica su suspensión automática y cautelar hasta que haya una sentencia del tribunal. En una decisión adoptada por unanimidad, les recuerda al Parlament la obligación de obedecer a la prohibición y se le advierte que, en caso de no hacerlo, se enfrenta a eventuales responsabilidades, incluida la penal.
En su enfrentamiento con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cerró filas en su congreso, retirando de sus cargos a tres consejeros temerosos de la consulta. Quiere que en su gobierno no haya dudas al respecto, insistiendo que luego del 1-O, se iniciaría una nueva etapa en función de la voluntad de los catalanes.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista de Cataluña rechazan el referendo pero elaboran propuestas para el entendimiento. Rajoy invitó en su momento a desconectarse del delirio secesionistas y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, declaró tajantemente: “vamos a parar el golpe a la democracia y lo vamos a hacer desde la democracia”. Constitucionalistas españoles señalaron que el referendo era la historia de un despropósito al querer fragmentar la soberanía nacional pues la Constitución española no lo permite.
La idea de celebrar un referendo en desafío al estado de derecho y sin aprobación de las autoridades centrales activó la polémica. Si la votación se celebraba y ganaba el bando del Sí, el gobierno catalán se proclamaría en 48 horas como nación independiente.
Rajoy impugnó ante el Tribunal Constitucional la convocatoria del referendo y los acuerdos adoptados por el Parlamento catalán encaminados a su organización, asegurando que la consulta no se haría. Y el TC en pleno lo suspendió.
La Fiscalía va a querellar por desobediencia contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y otros responsables de la Cámara, por convocar la consulta.
El Gobierno español dispuso de sus armas legales, para impedir la celebración del referendo. Sanciones a funcionarios que ayuden a organizar la consulta es una de ellas.
Suspensión de cargos públicos vía multas, e incluso suspención de funciones a las autoridades o empleados públicos que incumplan sus resoluciones, es otra. El pre-estado de excepción basado en una ley del 2015 que permite al Gobierno declarar por decreto una situación de interés para la Seguridad Nacional, en un territorio definido y de manera temporal, es la más extrema.
El cumplimiento forzoso de la Constitución, mediante la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna española, permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias en una región determinada, y someterlas al cumplimiento forzoso de las obligaciones establecidas por la Constitución.
Rajoy intenta conseguir un equilibrio entre hacer frente al desafío secesionista y evitar medidas más drásticas, como suspender competencias autonómicas de Cataluña, que conllevaría a la intervención del Ejército y podrían avivar el sentimiento antiespañol.
Vía: El Universal
