El ministro de Hacienda en Colombia, Mauricio Hernández -un cargo equivalente al de ministro de Economía en España-, viajó la semana pasada a Washington a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero con una prioridad sorprendente que no tenía nada que ver con esa institución: examinar de primera mano los impagos de Venezuela a las instituciones multilaterales de lucha contra la pobreza en la región.
Esos impagos son importantes. Porque al último acreedor al que debe dejar de pagar un país es a los organismos multilaterales. Cuando eso sucede, la nación en cuestión está dando a entender que ya no le queda dinero absolutamente para nada, porque esos organismos mantienen sus créditos en circunstancias en las que el sector privado nunca lo haría. Son, verdaderamente, los prestamistas de última instancia.
Así que podríamos estar ante el primer síntoma de que «llega un momento en el que la economía colapsa, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en este momento», según declaraba Cárdenas a EL MUNDO en una entrevista el miércoles pasado. Una oleada de rumores sobre la presunta creación de una partida presupuestaria de 200 millones de dólares (188 millones de euros) para una eventual operación de ayuda humanitaria por parte de EU ante la eventualidad de que la economía venezolana se desintegre no ha contribuido a tranquilar los ánimos.
El Financial Times publicaba ayer mismo que el FMI está preparándose para un eventual rescate de la economía en Venezuela que requeriría 30 mil millones de dólares al año en ayuda internacional.
Como explica Cárdenas, «vinimos a Washington precisamente a enterarnos de primera mano qué está pasando en esos frentes, porque ya son efectos que tienen consecuencias sobre otros países, porque todos somos socios de estas entidades, tanto el BID como la CAF».
El BID (siglas de Banco Interamericano de Desarrollo), es la mayor agencia de lucha contra la pobreza en Latinoamérica, y está formado por 48 países, entre ellos España. La CAF (Corporación Andina de Fomento) es una organización más pequeña, con 18 países miembros. España pertenece a ambas.
Cárdenas cree que el Gobierno de Nicolás Maduro «está enfrentando un dilema muy difícil: si pagar la deuda o recortar aún más las importaciones de alimentos». Pero no es solo un problema para Venezuela, sino para toda América Latina. Como explica Hernández, «la situación en Venezuela no solo nos preocupa por la solidaridad que tenemos con los venezolanos, sino también por las repercusiones que tendría sobre estos mecanismos de crédito».
Si la CAF o el BID sufren impagos -sobre todo la primera, que es más pequeña- su liquidez podría verse afectada. Eso, a su vez, haría que tuvieran que limitar los créditos que conceden a otros países para combatir la pobreza y, en el peor de los escenarios, a obligar a los miembros a poner más dinero para equilibrar el balance. Es algo en lo que Hernández prefiere quedarse al margen con un «no me atrevería a especular sobre eso, pero sí es una situación que tiene consecuencias en instituciones donde Venezuela tiene una participación importante en su cartera [de créditos] y donde es socia».
El bajo precio del petróleo ha pulverizado a la economía venezolana, adicta a la exportación de crudo. Arabia Saudí y Rusia han tratado de coordinar sus políticas en las últimas semanas, y la caída de la producción de crudo no convencional en EU -precisamente debido a los bajos precios promovidos por Riad- han llevado el precio del barril cerca de los 60 dólares. Otra cosa es que se mantenga ahí.
Aparte, la industria petrolera venezolana esta literalmente cerrando por derribo. El recuento de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes, que a su vez pertenece al gigante industrial General Electric, mostraba la semana que en septiembre solo había 44 pozos operativos en Venezuela, la mitad que en 2013. La producción de petróleo venezolana cayó por debajo de la barrera psicológica de los dos millones de barriles diarios en agosto, según la misma empresa. Eso es un 45% menos que hace 20 años.
