Con la presentación de cuatro testimonios de víctimas de la represión de las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se registraron en Venezuela de abril a julio, se inició la tercera ronda de audiencias en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar si la situación en ese país debe ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) para una investigación criminal independiente por delitos de lesa humanidad.
La primera intervención la hizo Kerling Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez, preso político, quien declaró que este es un “preso de conciencia” ya que, como siempre se negó a pronunciar consignas apegadas a la ideología socialista y a la revolución bolivariana, así como a instruir a sus subalternos a que actuaran apegados a las doctrinas políticas del gobierno chavista, fue acusado falsamente de conspirar contra la patria.
“El que en este momento haya oficiales presos y sargentos, junto al general (Raúl) Baduel y el general (Ángel) Vivas, sentimos que es un aviso a toda la oficialidad, que se encuentra en las bases, para que vean lo que les puede suceder si se ponen en contra del Gobierno (…), es un aviso de ‘miren cómo los vamos a aplastar, con esta bota, haya pruebas o no haya pruebas’”, opinó ante el panel de expertos internacionales.
A Kerling Sánchez le siguió Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, de 17 años, asesinado en abril de un balazo en el pecho durante una de las manifestaciones de calle en Caracas. En esa ocasión se acusó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de haber abierto fuego contra quienes protestaban.
Iván Urbina resaltó que estaba ahí para denunciar la “brutal, desmedida y despiadada” represión “a la que fueron sometidos miles de venezolanos que participaron de forma pacífica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela”. Especificó que esta había sido cometida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la GNB.
“Se supone que la Guardia Nacional son perfectamente entrenados el uso y manejo de armas de fuego, por lo tanto ellos bien saben a dónde apuntar para asesinar si ese es el objetivo”, denunció.
Por eso aseguró que «en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad», sobre todo en la represión de quienes adversan al Gobierno de Maduro.
“Enfermarse en Venezuela es casi una sentencia de muerte”, señaló durante su narración al describir el padecimiento que la madre de Fabián sufrió durante años al luchar contra el cáncer que la aquejaba, motivo que impulsó a este joven a luchar y protestar contra el Gobierno Nacional. “Mi hijo creía que el socialismo era sinónimo de atraso y pobreza”, dijo.
Los siguientes en intervenir fueron los padres del joven Juan Pablo Pernalete, quien falleció durante las manifestaciones del mes de abril tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Jose Pernalete padre del joven manifestó que su hijo tenía una beca por excelencia deportiva en la Universidad Metropolitana (Unimet) y resaltó que manifestaba por una mejor Venezuela.
En ese sentido explicó que su hijo “fue víctima de una ejecución extrajudicial de la GNB que le disparo a menos de 20 metros de distancia con una bomba lacrimógena en el pecho”.
Detalló que la exfiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, es quien tiene las pruebas de que su hijo falleció por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho y no por un tipo “perno” como lo han señalado diferentes medios en el país.
Por su parte, la madre del joven, Elvira Lovera, indicó que el “único pecado de mi hijo fue pensar diferente, no querer irse de su país. Por eso lo mataron”.
Los padres de Pernalete culminaron su intervención solicitando a la OEA la ayuda necesaria para evitar represalias en su regreso a Venezuela. “No sabemos qué va a pasar cuando lleguemos a Venezuela, como seremos tratados”, afirmó.
La OEA precisó que el panel independiente de expertos internacionales está compuesto por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.
Para la tarde está previsto que continúen los testimoniales con otros actores relevantes, entre ellos varias figuras políticas como los alcaldes Gustavo Marcano (municipio Lechería, estado Anzoátegui) y Ramón Muchacho (municipio Chacao, estado Miranda).
