El abogado de Puigdemont y del resto de los exconsejeros advirtió que «si son extraditados correrían el riesto de una violación de derechos fundamentales».
El juez belga de primera instancia decidirá el 14 de diciembre sobre la euroorden de entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica, informaron hoy las defensas de los antiguos miembros del Gobierno catalán.
«Acabada la vista en Bruselas. La decisión el 14 de diciembre», dijo Jaume Alonso Cuevillas, uno de los abogados de Puigdemont, en la red social Twitter, informó Efe.
En la audiencia de hoy, que comenzó a las 9.00 de la mañana (hora local) y finalizó en torno a las 12.30 horas , la Fiscalía belga volvió a pedir la extradición y entrega a España de Puigdemont y los exconsejeros.
Por su parte, las defensas de los mismos reiteraron que no hay lugar a una orden de entrega porque los delitos en la euroorden no tienen una equivalencia en el código penal belga e insistieron en que, en el caso de ser entregados, habría «riesgo de violación de garantías» durante el juicio, según las mismas fuentes.
Los juzgados y sus defensas llegaron hoy al menos veinte minutos antes de la comparecencia a las 09.00 horas sin que los medios pudieran tomar imágenes.
La audiencia se celebró en el edificio de la Fiscalía, que se encuentra frente al Palacio de Justicia -donde tuvo lugar la anterior cita judicial- por razones de organización, según el tribunal de primera instancia belga, la Cámara del Consejo.
En Madrid, 10 líderes independentistas en prisión, entre ellos ocho de sus exconsejeros, conocerán también si quedan en libertad, una esperada decisión horas antes del inicio oficial a medianoche de la campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre, informó AFP.
El porvenir de los políticos catalanes, que fracasaron en su intento de separarse de España, pasa así por los tribunales, cuando los partidos independentistas se presentan separados a las elecciones con la «represión» de Madrid como principal argumento en común.
¿JUICIO POLÍTICO?
A partir de las 09H00 (08H00 GMT), el presidente cesado y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret comparecen ante el tribunal de primera instancia neerlandés de Bruselas para presentar sus alegatos contra la euroorden de entrega.
«Todo el mundo entró», indicó una fuente policial 15 minutos antes del inicio previsto de la sesión.
Sus abogados alegarán que en España, donde están acusados de rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia, se enfrentan a un «juicio político», un escenario que impediría aceptar su entrega.
La directiva europea de extradición dice «claramente» que la euroorden «no puede usarse con fines políticos, incluso si estos se esconden detrás de los delitos», dijo el sábado el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, al diario económico belga L’Echo.
En la primera audiencia celebrada el 17 de noviembre, la fiscalía de Bruselas apoyó una ejecución «parcial» de la euroorden, pero estimó que los hechos no son constitutivos de un delito de corrupción como se apuntaba, indicaron entonces los abogados defensores.
Además de exponer los diferentes delitos en la petición de entrega, la jueza española Carmen Lamela marcó únicamente una casilla de la lista de 32 delitos acordados entre los países de la Unión Europea para acelerar los trámites de extradición: corrupción.
«Marcaron la casilla corrupción, pero de manera artificial. Nadie lo cree», aseguró Cristophe Marchand, abogado defensor de dos de los exconsejeros, para quien «los hechos descritos en el mandato de detención europeo no son punibles en el derecho belga».
Tras la audiencia, la decisión se espera dentro de «ocho o 10 días», según los abogados. Mientras tanto, los cinco políticos, quienes se marcharon de España tras la declaración de independencia del 27 de octubre, harán campaña desde Bélgica.
En caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica, lo que llevaría la decisión final a «mediados de enero», según un abogado del presidente cesado.
Quienes sí podrían hacer campaña en el terreno serían los 10 líderes independentistas encarcelados en Madrid, entre ellos el que fuera vicepresidente, Oriol Junqueras, si así lo decide el magistrado del Tribunal Supremo que asumió la causa de la Audiencia Nacional.
La fiscalía pidió su permanencia en prisión preventiva, si bien al menos seis de ellos se acogieron a la estrategia de acatar el «artículo 155 de la Constitución» española que sirvió anteriormente a varios diputados regionales para quedar en libertad condicional.
Este artículo permitió al gobierno español de Mariano Rajoy intervenir la autonomía catalana el 27 de octubre, cesar al ejecutivo regional y convocar las elecciones venideras y, a falta de «presos políticos», podría convertirse en el blanco de los independentistas en la campaña.
El bloque de formaciones independentistas, entre ellas la del conservador Puigdemont, estaría casi empatado con el de las partidarias de seguir en España, según los sondeos, que prevén la victoria sin mayoría del partido del exvicepresidente Junqueras (ERC, izquierda).
Vía: El Universal
