El presidente del ente protector de los consumidores fiscalizó 6.106 comercios
El superintendente Nacional para la Defensa Derechos de los de los Derechos Socioeconómicos (Sundde),
Willian Contreras, aseguró que tras la inspección a escala nacional han referido hasta la fecha cerca de 799 casos al Ministerio Público (MP) por incurrir en delitos de acaparamiento, boicot y especulación; se han aplicado ajustes en productos desde 30% hasta 50%.
Las irregularidades fueron detectadas en el marco de las fiscalizaciones realizadas por la Sundde para defender los derechos de los consumidores en temporada decembrina. Contreras señala que la actividad se ha realizado en un total de 6.106 comercios en el territorio nacional.
El superintendente informó además, que se han comisado dos millones de unidades de productos diversos, y supervisado un total de 1.776 ventas de alimentos, resaltando el expendio de 370 toneladas de pollo y más de 300 de carne; y destacó que se han detenido a 14 personas.
“Son 3.500 fiscales que se mantienen desplegados a escala nacional, para garantizar la protección de nuestro pueblo ante los costos especulativos del sector comercial, basados en el dólar de guerra”, acentuó.
Las declaraciones fueron ofrecidas desde el Bulevar 5 de Julio de la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, donde se realizó un despliegue de fiscalización en 800 establecimientos comerciales de calzados, ropa y alimentos.
La jornada de fiscalización en esa entidad iniciada este martes continuará en los próximos días.
“Hemos detectado facturas alteradas, especulación, acaparamiento entre otros ilícitos, en aquellos comercios que hemos detectado sobreprecio se ha ordenado el ajuste inmediato de precios”, dijo el funcionario.
Luego que fuera publicada en Gaceta Oficial la Ley Constitucional de Precios Acordados, y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno Nacional inició en todo el país la fiscalización de los mismos, es por ello que durante el abordaje también se hizo el recordatorio a los comerciantes y al pueblo en cumplimiento corresponsable de la normativa.
Vía: ÚN