Este viernes un juez argentino acató una orden de la Corte Suprema donde se indica que la diputada del Parlasur (Parlamento del Mercosur), Milagro Sala sea trasladada de la cárcel en la cual se encuentra detenida preventivamente por supuesta corrupción.
En concreto, el juez de instrucción de la norteña provincia de Jujuy Pablo Pullen resolvió mantener la vigencia de la prisión preventiva que cumple Sala desde enero de 2016 pero instó a que se cambie el lugar de cumplimiento de la misma, desde la prisión de Alto Comedero a la casa ubicada en Villa Parque La Ciénaga, en el municipio jujeño de El Carmen.
Esta situación se da después de que el pasado 6 de diciembre la Corte Suprema de Justicia confirmara la detención pero pidiendo a las autoridades judiciales provinciales que cumplan con la decisión dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de noviembre, en la que estableció que la cárcel debe ser sustituida por el arresto domiciliario u otra medida “menos restrictiva”.
El pasado julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había otorgado una medida cautelar a la activista y pudo ser trasladada a su domicilio, pero a finales de septiembre se decidió revocar esta decisión y que Sala volviese a prisión porque no estaba atendiendo su estado de salud.
La líder indígena había dicho poco antes que estaba sufriendo una persecución “política, de género y de raza” y aseguró estar “peor que en Guantánamo”, al relatar que tenía “26 gendarmes, 24 cámaras” y toda la casa alambrada, así como “la tobillera en el pie”. “Estoy continuamente re-contra perseguida”, remarcó.
En su orden de hoy, Pullen dispuso que la custodia perimetral del inmueble se encuentre de nuevo a cargo de Gendarmería Nacional y agregó que Sala lleve un dispositivo de control electrónico (tobillera electrónica) que será monitoreado por el Patronato de Liberados y Menores Encausados de la Provincia de Jujuy con colaboración de la policía provincial.
Estos deberán enviar cada mes un informe escrito al juzgado sobre el desarrollo del régimen de privación de libertad e informar de toda situación que ponga “en riesgo el normal cumplimiento de la medida y/o la seguridad de la procesada“, informaron hoy fuentes judiciales.
El magistrado dispuso también como “reglas de conducta de cumplimiento obligatorio”, con expreso “apercibimiento de revocación inmediata de la modalidad de prisión preventiva”.
Estas están relacionadas con el ingreso y permanencia de los familiares. Solo podrán ingresar a la casa y permanecer en ella sin límite temporal sus parientes consanguíneos y afines, hasta el cuarto y segundo grado respectivamente.
Asimismo, el resto de visitantes, con un gran dispositivo de control, solo podrán ingresar al inmueble en grupos de hasta cuatro personas a la vez con límite horario.
Pullen establece que la atención médica y psicológica de Sala quedará supeditada “a su exclusiva voluntad y elección”.
“En caso de resultar necesario el traslado por razones sanitarias, el mismo tendrá lugar, previa autorización judicial, con personal y vehículo provisto por Gendarmería”, añade la resolución.
Por otro lado, ni Milagro Sala ni sus acompañantes podrán consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, y se establece que podrá circular libremente dentro del perímetro de la propiedad, pero sin trasponer los límites de la misma ni cortar el contacto de la tobillera de monitoreo electrónico con el cuerpo.
La diputada del Parlasur por el kirchnerista Frente para la Victoria permanece en prisión preventiva desde el 16 de enero de 2016, cuando la Justicia jujeña ordenó su detención por presunto tumulto y sedición, entre otros cargos, durante una protesta organizada por el movimiento social Tupac Amaru que fundó y dirige, dedicado a la atención de personas desfavorecidas en el norte del país.
Sin embargo, a pesar de que un juez ordenó poco después su liberación, quedó detenida por otras causas en las que se investigan delitos de corrupción relacionados con los fondos públicos que la Tupac Amaru recibía del Estado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El caso de Sala, quien según el kirchnerismo y diversos organismos sociales es una presa política del Ejecutivo de Mauricio Macri, ha tenido un gran eco internacional, por el que se han pronunciado organismos como la CIDH y la ONU.
Con información de EFE
