Aunque la decisión la tomó este jueves la Audiencia de la región de Schleswig-Holstein -que lleva el caso desde que el líder catalán fue retenido, el pasado mes de marzo, y quedó en libertad bajo fianza-, no se informó la fecha en que se efectuará la entrega del líder catalán al gobierno de España.
Puigdemont había sido detenido en Alemania debido a un pedido del gobierno español, que lo acusaba de varios delitos entre los que se cuentan los de malversación de fondos, sedición y, sobre todo, rebelión.
El líder catalán había sido uno de los rostros de más alto perfil del proceso de independencia de Cataluña de España, que a finales de 2017 fue declarado ilegal por el presidente del gobierno español de ese entonces, Mariano Rajoy.
Después de que Madrid tomó control del gobierno regional, en octubre del año pasado, Puigdemont viajó a Bélgica, donde vivió los últimos meses defendiendo la causa independentista.
Derechos de autor de la imagenREUTERSDurante su estancia en Bruselas, la justicia española levantó varias investigaciones en contra del político catalán y lo acusó de rebelión, sedición y malversación de fondos.
Y solicitó a las autoridades europeas la captura y extradición del político. El pasado 25 de marzo, cuando regresaba de un viaje por Dinamarca, Puigdemont fue arrestado en una localidad en el norte de Alemania, cuando se dirigía en automóvil de regreso a Bélgica.
El líder catalán fue dejado en libertad bajo fianza, condición que aún conserva a pesar de la decisión tomada por el tribunal alemán.
Por su parte, la justicia española se encuentra analizando la decisión alemana, al considerar que el cargo más grave en contra del catalán era el de rebelión y no el de malversación de fondos en el que se basó la medida de extradición.
A ese respecto, la Audiencia de Schleswig-Holstein indicó que consideró como «no admisible» el señalamiento de rebelión, dado que Puigdemont no había generado un grado de violencia «suficiente» como para ser culpable de tal delito.
Pero reiteró que sí había suficientes méritos para enviarlo ante los tribunales españoles porque el acusado pudo haber tenido una «corresponsabilidad» en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que se deberá sustanciar en un juicio en España.
