El Ministerio para la Transición Ecológica lo pidió por carta el 5 de julio. Y el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –formado por cinco miembros designados por los partidos– lo ha aprobado este miércoles por unanimidad: ha paralizado la tramitación de los informes sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en Villar de Cañas (Cuenca).

Paralizar esos trámites fue una de las primeras decisiones tomadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene las competencias energéticas. Este departamento argumentaba en su escrito que necesitaba analizar bien la situación de la gestión de los residuos radiactivos –principalmente, los que generan las nucleares– antes de tomar una decisión definitiva sobre el almacén previsto en Villar de Cañas, una obra que está envuelta en la polémica, entre otros asuntos, por las dudas sobre los suelos elegidos. Además, ese almacén se enmarca dentro de un plan general de residuos de más de 12 años y completamente desfasado.

Crítica

En principio, la paralización es temporal. Pero Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE y contraria al proyecto en Cuenca, da por muerto el ATC en Villar de Cañas.

En el comunicado a través del que el CSN ha anunciado la paralización oficial, este órgano supervisor –que controla el PP, el principal patrocinador del almacén en Cuenca– desliza algo que podría entenderse como una crítica. Recuerda el CSN que en «las evaluaciones relativas a la solicitud autorización de construcción del ATC» se han empleado «unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados».

Con todo, el almacén tenía bastantes más problemas que su tramitación dentro del CSN. El anterior Gobierno –que en 2011 decidió que Villar de Cañas sería el lugar elegido– nunca emitió ni la autorización de emplazamiento ni la declaración de impacto ambiental favorable. Además, Castilla-La Mancha ha anulado el plan urbanístico de Villar de Cañas que ampara esta infraestructura, cuyo coste previsto rondaba los mil millones y donde Enresa –empresa pública que se financia con las tasas que pagan las eléctricas– se ha gastado ya 80 millones pese a no contar si quiera con la autorización de emplazamiento.