LLUÍS MIQUEL HURTADO
Varios escándalos de corrupción provocan que Jamenei dé un toque de atención al Gobierno mientras crece la indignación ciudadana
No todos los problemas económicos de Irán son culpa del exterior, razonan voces a lo largo de todo el espectro político iraní; pero la lucha contra la corrupción se ejerce a trompicones. Eso ha contribuido al incremento de la indignación ciudadana. Uno de los escollos para la administración de la Justicia, denuncian algunas de estas voces, es el amiguismo en la burocracia. Se le culpa, por ejemplo, de ser el sustrato sobre el que se han cimentado tramas financieras que han arruinado a miles de familias.
Los graves disturbios ocurridos en ciudades de provincia hace siete meses, que dejaron más de 20 muertos, se originaron en una protesta por la fallida gestión de varias instituciones financieras en la localidad de Mashad. Según el ‘New York Times’, estas entidades habían aprovechado sus lazos con gente poderosa para ofrecer a pequeños ahorradores depósitos con un interés inusualmente alto. A su vez, permitían a ciertas celebridades mediáticas o del aparato recibir préstamos a condiciones irrisorias.
No fue hasta el pasado junio, cuando a las protestas de los ahorradores por el dinero perdido entre esquemas de Ponzi se sumaron la devaluación endiablada del rial, la inminencia de las sanciones y una sequía rampante, cuando el Guía Supremo, Ali Jamenei, ordenó actuar a la judicatura, en manos del ala rigorista del poder que él controla. Hace dos semanas, el periódico local reformista ‘Sharq’ anunció la apertura de un proceso judicial contra una de estas instituciones, llamada Samen al Hoyay.
De acuerdo con el rotativo, Samen al Hoyay había conseguido operar en todo Irán pese a ser «ilegal». Ofrecía intereses -puesto que la banca islámica prohíbe la usura, estos se denominan ‘beneficios’- hasta de un 27%, cuadruplicando lo que puede ganar un iraní en la banca ordinaria, y concedía a personalidades préstamos a un 3%. El juez ha sentado en el banquillo a tres personas: Abolfazi Mir Ali, el director ejecutivo de la entidad, su mujer y un tercer individuo.
Al saberse la noticia, el periódico ‘Irán’, perteneciente a la Administración del clérigo pragmático Hasan Rohani, publicó en Twitter una fotografía de Mir Ali posando junto al fiscal general Yafar Montazeri y el predicador que lidera los rezos del viernes en Mashad, Ahmad Alamolhoda. Muchos vieron en esta acción una nueva muesca en la pugna entre las dos cabezas del poder iraní, la liderada por el Líder Supremo y la encabezada por el Ejecutivo, normalmente latente y aflorando periódicamente.
La preocupación del Líder Supremo
A principios de julio, había sido Jamenei quien había dado un toque de atención al Gobierno. La agencia Mehr citó al Líder Supremo expresando su preocupación, y exigiendo explicaciones a la Administración, por una serie de decisiones que habían desembocado en escándalos: por ejemplo, importadores a la lumbre del poder habían recibido millones de dólares para importar productos a la tasa de cambio oficial, y habían obtenido ganancias notorias vendiéndolos a la tasa de la calle, muy superior. La semana pasada, la judicatura anunció el arresto de 60 personas por fraude y por intentar socavar el sistema bancario. Se esperan más detenciones.
Tamañas prácticas han motivado que las críticas por corrupción de la población ya no sean sólo ‘sotto voce’. «Hace poco era impensable hablar abiertamente de esto; ahora es la comidilla», dice un periodista local. Así lo resumió el conocido economista Said Leylaz, próximo a las reformistas pero con un bagaje crítico, en comentarios a EL MUNDO hace poco más de un año: «Las sanciones son una gran piedra en nuestro camino, pero eliminarla no significa que puedas tirar adelante, si no tienes un buen motor».
Leylaz consideró que, al margen del efecto dañino de las sanciones, la «corrupción» de «organizaciones fuera del control de Rohani», la «improductividad», un sector privado «no preparado para invertir» y la «economía de clases», representada por una inflación creciente y una brecha entre ricos y pobres cada vez mayor, lastran el avance del país. «Rohani no es capaz de bloquear la corrupción porque no controla el sistema judicial», enfatiza, «pero sí puede eliminar las ventajas que la propician».
La última maniobra del presidente es lograr que Irán se una a la Convención de la ONU contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Los expertos consideran que unirse mejoraría la imagen del país ante los inversores y facilitaría las relaciones bancarias con el exterior. No obstante, y pese a que la propuesta de Rohani ha obtenido luz verde parlamentaria, el Consejo de Guardianes, próximo al Líder Supremo y encargado de ratificarla, considera que la pertenencia a esta Convención «va tanto contra las políticas de seguridad como contra la economía de resistencia». La última palabra al respecto la va a tener Jamenei.
