Para el sociólogo Héctor Briceño, quien es profesor del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), adscrito a la Universidad de Venezuela, lo que hizo Maduro con esta iniciativa en el ámbito económico fue el cierre de pequeñas y medianas empresas, que hasta agosto de 2018 habían sorteado los distintos mecanismos impuestos por el Ejecutivo.
“El Gobierno nunca dijo explícitamente que ese fuera su propósito, pero yo creo que consiguió lo que ha querido desde hace tiempo: afianzarse progresivamente como el único gran proveedor de bienes y servicios en Venezuela para que su población dependa totalmente de él”, explicó.
Destacó que la inflación en vez de disminuir, ha aumentado considerablemente y que ese fenómeno destruyó la capacidad de compra del venezolano, al igual que la entrada en funcionamiento del criptoactivo Petro, del que se dijo que sería una solución a los problemas económicos del país “pero no ha abierto un mercado donde haya algo más que oferta; el Petro no es canjeado ni por productos ni por otras monedas. Al respecto lo que hay es una gran confusión”.
Por su parte, el economista del Instituto de Estudios Latinoamericannos (LAI), Alejandro Márquez, considera que el Gobierno venezolano tiene interés en que las empresas extranjeras trabajen en todo lo que se conoce como el Arco Minero para poder cobrar en dólares los impuestos, que servirían para cancelar la deuda externa, “que aparte de la hiperinflación, es la otra cuestión que tiene a su Gobierno entre la espada y la pared: sus pagos retrasados ya ascienden a 6.300 millones de dólares. Pero esa ‘fiebre del oro’ ha dado pie a conflictos políticos nada desdeñables”.
“Aunque las estadísticas oficiales dejaron de ser publicadas hace años, se estima que el déficit fiscal equivale a un 20% del Producto Interno Bruto. Ese déficit se ha abultado debido a la suspensión de los tributos que solía pagar la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, expresó. Elestimulo.com
