El fiscal José Domingo Pérez incluyó el delito de obstrucción a la justicia en la investigación que se le sigue a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por los aportes de campaña que recibió su partido Fuerza 2011, llamado ahora Fuerza Popular.
Pérez también amplió la investigación por este delito al procesado Vicente Silva Checa. Hasta ahora, Fujimori y Silva Checa, entre otros, eran investigados por presunto lavado de activos por el dinero que Odebrecht aportó para el proceso electoral del 2011, como parte de una presunta organización criminal constituida en el interior de ese partido.
Según la resolución, parte de la función de Silva Checa era “encontrar mecanismos para impedir las investigaciones” de la fiscalía o entorpecerlas. Para ello, señala Pérez, se contactó al Estudio Oré Guardia, el mismo que proveía abogados a la presunta organización criminal para “amenazar a testigos, del caso de lavado de activos, para que no declaren o declaren falsamente para obstaculizar” las pesquisas.
Según la tesis fiscal, tanto Keiko Fujimori como Silva Checa habrían instigado a los abogados para que “con amenazas impidan las declaraciones” de testigos y supuestos aportantes de campaña falsos. Se menciona, por ejemplo, que estos eran citados en el Estudio Oré Guardia, en San Borja, donde se les inducía a que ratificaran ante la fiscalía que entregaron dinero a la campaña de Fuerza 2011, a pesar de que no lo hicieron y que los aportes fueron simulados.
El abogado Fredy Valenzuela, representante del Estudio Oré Guardia, indicó que trabajaron con el partido de Fujimori entre el 2015 y el 2017 y que recibieron a unos nueve aportantes a la campaña, pero, aseguró: “Nunca supimos que habría testigos o aportantes falsos”.
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